El Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Fausto Murillo Fierro, ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, justificó la medida preventiva de suspensión y el procedimiento disciplinario establecidos en contra de Karly Johana Vargas, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, provincia del Guayas, decisión que cumplió todos los requisitos previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Murillo explicó que la medida en referencia responde a una denuncia presentada en octubre de 2021, por el abogado Jorge Cedeño León, que fue tramitada por la Dirección de Guayas, por error inexcusable. Añadió que no se trata de una sanción, sino de una medida preventiva, tras la cual se abre el respectivo proceso disciplinario.
Explicó que la suspensión de funciones sin remuneración, de acuerdo con lo previsto en la ley, se aplica hasta por 90 días, con lo cual se busca evitar una situación de peligro o del cometimiento de una infracción gravísima. Este proceso, indicó, se cumplirá con absoluto respeto de las garantías del debido proceso y del derecho a la legítima defensa.
De su lado, la jueza Karly Johana Vargas aseveró que el proceso en su contra fue absolutamente inusual, puesto que otras tres denuncias en su contra, presentadas por el abogado Cedeño fueron archivadas; en la cuarta oportunidad, tratándose de los mismos hechos y circunstancias, esta vez sí se da paso y disponen la suspensión de su cargo.
Subrayó que todas sus actuaciones se ajustan a Derecho, por tanto, las acciones en su contra no tienen fundamento válido, “solo demuestran un permanente acoso laboral, porque no quieren que Johana Vargas siga en funciones; no quieren que una persona íntegra, que no se deja influenciar en sus fallos, continúe como jueza”.
Denunció que existe injerencia de ciertos funcionarios de la Dirección del Consejo de la Judicatura en Guayas para favorecer a determinados estudios jurídicos en el trámite de las causas.
Ferdinan Álvarez, titular del organismo legislativo, solicitó que tanto el Consejo de la Judicatura, cuanto la jueza Karly Johana Vargas remitan la documentación de sustento de sus exposiciones, para conocimiento de los comisionados. “Nosotros defendemos la institucionalidad, no personas”, concluyó.
EG/pv
Más Fotografías:
