La Comisión de Garantías Constitucionales recibe observaciones al proyecto de reformas a la Ley que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, por venta de energía eléctrica. Los representantes de la Asociación de Municipalidades, Alcaldes de la zonal 6 y del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador pidieron la urgente aprobación del proyecto que devuelve recursos económicos para atender necesidades básicas de los habitantes de estas jurisdicciones y realizar proyectos de remediación ambiental.
Los comparecientes destacaron el contenido de las reformas a la Ley 047, presentados por los asambleístas Virgilio Saquiela y Juan Cristóbal Lloret, mismos que plantean que, del 5 % del valor por venta de energía eléctrica que producen las centrales hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, el 60% se entregue a los municipios de la zona y el 40%, en partes iguales, a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y parroquiales.
A criterio de Lloret, es necesario fortalecer la capacidad de gestión de los GAD de la circunscripción territorial en donde se encuentran las centrales hidroeléctricas, para la atención de los requerimientos de sus poblaciones, la satisfacción de sus necesidades, conservar los ecosistemas y prevenir daño ambiental.
El primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela pidió que en el plazo de 10 días el Ministerio de Finanzas entregue información documentada y sustentada de cómo se ha realizado la entrega de recursos económicos desde el 2008 hasta la presente fecha del 60% que les corresponde a los municipios y del 40% que antes iba al antiguo CREA, que representa más de 30 millones de dólares, dineros que deben ser redistribuidos en partes iguales para la mitigación ambiental y cerrar brechas de inequidad social, sobre todo de los sectores rurales.
Franklin Galarza, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), dijo estar de acuerdo que, en los próximos 10 días, la mesa legislativa investigue dónde están los dineros adeudados desde la eliminación del CREA en 2009 y cómo se distribuirán. Sugirió establecer un cronograma de pagos a quien por ley les corresponde y que los comisionados vigilen para que los recursos económicos lleguen a los gobiernos locales para actividades de mitigación y remediación ambiental.
Por su parte, Patricio Maldonado, alcalde de Nabón, solicitó que el proyecto incluya a todas las hidroeléctricas que se han construido, al tiempo que afirmó que estos recursos servirán para el desarrollo de obras indispensables para los gobiernos locales. Rigoberto Borja, alcalde de El Pan, afirmó que junto a otros pequeños municipios del Azuay afrontan derrumbes y hundimientos por efecto del embalse de la represa Mazar, por lo que es justo que se atienda la demanda histórica de dotar los recursos necesarios para estas poblaciones.
Rómulo Alcívar, alcalde de La Troncal, señaló que los 34 municipios de la zona 6 del Austro, quieren que los recursos sean distribuidos de manera equitativa conforme a ley. Segundo Llugsi, alcalde de Cañar, pidió a los comisionados velar por los derechos y garantías de pueblos y nacionalidades, a fin de atender sus necesidades básicas insatisfechas. Iván Ullauri, alcalde de San Felipe de Oña, formuló un llamado para que el 40% de esos recursos llegue a las pequeñas localidades del sur del país.
Entre tanto, Luis Eras, de la Alcaldía de Palora, indicó que, se ven afectados al no contar con ese dinero que por ley les corresponde, lo cual les impide hacer obras. Iván Carvallo, de la Alcaldía de Cuenca, sugirió que la redistribución de recursos económicos se realice mediante un proceso técnico que permita equidad: 60% para las municipalidades; 20% para GAD provinciales y 20% para GAD parroquiales.
Diego Gordillo, representante de los Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, propuso que, en el proyecto se incluyan normas que reconozcan la equidad territorial en el reparto de recursos.
La asambleísta Consuelo Vega señaló que no es momento de debatir a cuál de los tres niveles de gobierno le corresponden los recursos adeudados, sino de reconocer la capacidad de gestión y de solución de necesidades que tendrán con la llegada de los recursos a los gobiernos locales.
El presidente de la comisión, Fernando Cabascango indicó a los comparecientes que las reformas a la Ley 047 tiene prioridad en la Asamblea Nacional porque es parte de la Agenda Parlamentaria.
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