Para el próximo jueves 26 de abril, a las 9h30, están convocados los asambleístas a la sesión 160 del Pleno, con el propósito de analizar en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de las y los Ecuatorianos Residentes en el Exterior y sus familias; y, segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria en Materia de Casinos y Salas de Juego.
Protección e igualdad de derechos para los ecuatorianos residentes en el exterior
La ley tiene como finalidad garantizar que el Estado, a través de las entidades y organismos ejecutores de la política pública migratoria, social, económica, educativa, deportiva y habitacional, aplique los derechos fundamentales de las y los ecuatorianos que residen en el exterior y sus familias, proporcionándoles la ayuda, asistencia y los servicios necesarios, así como de las y los ecuatorianos retornados voluntariamente o de manera forzada, según el informe elaborado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social.
Así mismo, la propuesta ampara, protege y beneficia a las y los ecuatorianos residentes en el exterior sin importar su estatus migratorio; a sus familias en el territorio nacional, comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que justifiquen su relación de dependencia con la o el ecuatoriano que reside en el exterior; como también a las y los ecuatorianos retornados voluntariamente o de manera forzada. La rectoría estará a cargo de la Cancillería en coordinación con la Secretaría Nacional del Migrante.
Todas las instituciones y organismos que tengan relación con la ejecución de la política pública migratoria, facilitarán el retorno de las y los ecuatorianos residentes en el exterior, promoviendo su inserción laboral, productiva y familiar, incentivando e incrementando los emprendimientos propuestos por las y los retornados y aspirantes al retorno en base a los conocimientos adquiridos en el exterior en concordancia con lo establecido en esta ley.
Casinos y salas de juego
El objetivo del proyecto, presentado por la asambleísta Scheznarda Fernández, es derogar las normas que permiten el funcionamiento de casinos y salas de juego, cuya validez fue revocada por mandato popular mediante la aprobación de la pregunta 7 de la consulta popular de 7 de mayo de 2011, según lo determina el informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Se deroga la Ley sobre juegos de Azar, expedida mediante Decreto Supremo No, 500 y publicada en el Registro Oficial 32 de 6 de noviembre de 1935; así como a todas las disposiciones de la Ley de Turismo y las normas legales o decretos supremos que se opongan o contradigan a lo dispuesto en la Ley Derogatoria.
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