La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió al Director Ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), con el fin de analizar los casos de clandestinidad que se presentan en Guayaquil en el funcionamiento de centros que ofertan tratamientos de salud para adicciones.
El presidente de la mesa legislativa, Marcos Molina expresó su preocupación por la inexistencia de un censo y monitoreo en estos centros de tratamiento, así como la falta de políticas de públicas en este ámbito, lo cual representa un problema para la salud y para quienes tienen adicciones al alcohol y a la droga.
Roberto Ponce, director Ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), aseguró que estos sitios no son considerados establecimientos de salud, por tanto, no están bajo su regulación y control. Sin embargo, expresó que para velar por la salud y la vida de las personas trabajan en conjunto con otras instituciones del Estado como la Fiscalía, Policía Nacional, Ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social para acabar con la clandestinidad.
Dijo que han realizado operativos gracias a las denuncias de la ciudadanía, ya que es bastante difícil identificar donde operan estos centros, mismos que han sido intervenidos y clausurados. “En coordinación con el Ministerio de Salud Pública trabajamos para que los establecimientos cumplan todas las condiciones técnicas necesarias para brindar atención en las adicciones, con infraestructura idónea y tratamientos apropiados para que quienes lo necesiten puedan acceder a los mismos”, afirmó.
Además, el funcionario explicó que una de las situaciones más graves identificadas es que las personas permanecen en esos centros en contra de su voluntad e incluso son sometidos a la fuerza, con métodos coercitivos encerrándolos en jaula y esposándolos.
Reiteró que en la zona 8 en la ciudad de Guayaquil han encontrado muchas casas que ofertan servicios en condiciones infrahumanas, que no cuentan con requisitos y condiciones para brindar estos tratamientos de salud ni están manejados por profesionales.
Los asambleístas presentaron varias preocupaciones. Marcos Molina tras anunciar que visitarán las instalaciones de Acess para conocer de cerca el funcionamiento de la institución, manifestó que es necesario profundizar el estudio de las denuncias de torturas y malos tratos.
Luisa González expuso sus inquietudes sobre el registro de denuncias sobre sitios clandestinos, autoridad rectora y el pronunciamiento de la Ministra de Salud sobre las clínicas clandestinas. Patricia Mendoza se refirió a la necesidad de desarrollar campañas para que los ciudadanos no caigan en clínicas clandestinas, mientras que Rosa Cerda sostuvo que se requiere contratar inspectores sanitarios.
Ecuador no tiene información, no tiene diagnóstico de la realidad, afirmó por su parte el director de Parametria Consultores, Rodrigo Vélez, al asegurar que este grupo de la población no está siendo atendido correctamente.
Advirtió que llama la atención que las autoridades desconozcan donde están situadas las clínicas clandestina, que en muchos casos son denunciadas, pero son reabiertas para su funcionamiento, como es el caso de la “clinica” en la que fallecieron jóvenes con problemas de adicciones.
A su criterio no se cumplen los procesos de desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción
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