La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales se trasladó a la provincia de Napo, con el fin de escuchar la versión de los pobladores, actores sociales y autoridades en torno a los problemas generados por la minería ilegal y los derrames de petróleo.
En efecto, en el marco de fiscalización y control político al problema de la minería ilegal que se desarrolla en Napo, particularmente en los cantones Tena y Carlos julio Arosemena, sector de Yutzupino, la mesa legislativa sesionó en la sede del Consejo Provincial de Napo para escuchar la visión de actores sociales y autoridades, para identificar los nudos críticos y buscar soluciones a este problema que perjudica a la sociedad.
El presidente de la comisión, Washington Varela manifestó que en la Amazonía no debe haber minería y que, sobre la base de la información expuesta por los diferentes sectores en varias sesiones de trabajo, entre ellos, defensores de la naturaleza, elaborarán un informe imparcial, que de ser del caso se lo tratará en el Pleno de la Asamblea Nacional o “caso contrario lo enviaremos a la Fiscalía para la investigación respectiva”.
Andrés Rojas, presidente de los Consejo de Defensores de la Naturaleza, indicó que no es posible que se ponga en riesgo la salud de niñas, niños, jóvenes y adultos que acuden a las cuencas hídricas para llevar el agua cada día a sus casas. Sostuvo que, según los planes de ordenamiento territorial, en el cantón Carlos julio Arosemena Tola y los estudios de impacto ambiental realizados por empresas mineras, concluyeron que más del 84% de la población consume el agua de forma directa de estas fuentes.
Tania Shiguango, presidenta de la Comunidad Yutzupino, expresó que la información es falsa de que había 30 muertes en el sector de Yutzupino a consecuencia de la minería ilegal. Informó que la documentación tomada por la Asamblea Comunitaria fue ingresada a la Gobernación de Napo. También aseguró que no existe ningún documento firmado, ni compromiso con los mineros para el ingreso de maquinaria.
Wilfrido Villagómez, gobernador de la provincia de Napo, expresó que a través del Comité de Seguridad Ciudadana Provincial iniciaron un proceso de diálogo con líderes de las comunidades del sector para evaluar las actividades propias de las instituciones de control.
Entre tanto, Rita Tunay, prefecta de la provincia del Napo, recordó que el artículo 197 del Código Orgánico del Ambiente, determina que las actividades que afecten la estabilidad del suelo o que puedan provocar erosión, serán restringidas y que se debe priorizar la conservación de los ecosistemas, ubicados en los bordes de los cuerpos hídricos.
En este tema, Andrés Bonilla, alcalde de Archidona, resaltó que han construido cuatro alcantarillados que benefician a las comunidades e invitó a los comisionados de la mesa legislativa a respaldar las acciones para proteger el agua.
El presidente de la comisión, Washington Varela informó que este sábado visitarán el sector de Piedra Fina, para observar los daños ocasionados por el derrame del petróleo que ha ocasionado grandes impactos ambientales, que demandan acciones para la reparación ambiental.
HC/pv
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