El procedimiento de selección y designación de fiscales provinciales fue materia de análisis por la Comisión de Justicia con la presencia de los directivos del Consejo de la Judicatura y del abogado Carlos Pérez Ascencio, presuntamente perjudicado.
La presidenta encargada de la mesa legislativa, Dina Farinango explicó que a la comisión han llegado denuncias por parte de ciudadanos y servidores judiciales, sobre hechos anómalos en la administración de la justicia, a las que se hace el seguimiento necesario para dar respuesta a la ciudadanía.
Carlos Pérez relató que participó en el concurso de méritos y oposición para Fiscal del Guayas convocado el 4 de febrero de 2014 y que por el puntaje alcanzado formó parte del banco de elegibles, pero caducó porque se dejó pasar el tiempo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, es decir seis años, pese a que la Fiscal General del Estado en su informe de labores advirtió que tienen un déficit de 577 fiscales a nivel nacional.
De su lado, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, tras reseñar los detalles del concurso de méritos y oposición, manifestó que Pérez Ascensio obtuvo 84.07/100, por lo que formó parte del banco de elegibles para la provincia del Guayas, mismo que caducó después de 6 años de permanencia, según el Código de la Función Judicial.
Santiago Peñaherrera, director general de Consejo de la Judicatura, explicó que si bien Carlos Pérez participó en concurso para la provincia del Guayas, el Pleno desarrolló otro concurso para fiscales a nivel nacional y sobre la base del banco de elegibles designó a Valdivieso, en estricto cumplimiento a la puntuación.
Los parlamentarios coincidieron en señalar la necesidad de ejercer el control político en el ejercicio de las competencias legales y constitucionales. Se planteó invitar a la Fiscal General del Estado para que presente la información sobre el proceso de selección y designación de agentes fiscales y requerir al Consejo de la Judicatura la documentación sobre los bancos de elegibles, entre otros aspectos.
En otro orden, recibió a María Gabriela Unamuno y Francisco Jácome, quienes denunciaron que se les ha abierto una investigación en base a una denuncia anónima, un correo electrónico sin firma de responsabilidad, que les ha causado mucho daño e incluso tienen temor por su integridad física y sus vidas.
Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, informó que en el presente caso pidió a la Dirección Nacional de Transparencia que realice las acciones correspondientes si el caso amerita, como un acto administrativo que no vulnera derechos.
Mónica Díaz, exsubdirectora de Transparencia y Prevención para Órganos Jurisdiccionales, informó que por disposición del Director Nacional recopiló insumos sobre los hechos mencionados en el correo electrónico, los que permitieron determinar que no ameritan una investigación, por lo que se dispuso el archivo.
Los parlamentarios comentaron que por tratarse de un correo electrónico anónimo no había razón de iniciar ninguna investigación.
PV
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