La Comisión de Garantías Constitucionales avanzó en el estudio de capítulo relacionado con las tarifas preferenciales de transporte, que contempla el proyecto de Ley Orgánica de Juventudes. A la sesión de hoy acudieron representantes de la Agencia Nacional de Tránsito; Asociación de Líneas Aéreas del Ecuador; y, el delegado de la Agencia de Compañías de Transporte aéreo (IATA),
Al respecto, la asambleísta Sofia Sánchez cuestionó la normativa vigente, según la cual las personas de hasta 18 años tienen derecho a las tarifas diferenciadas.
En este sentido, Carlos Fernández de Córdova, Coordinador General de Gestión de la Agencia Nacional de Tránsito, explicó que sobre la base de las normas vigentes se definieron las tarifas diferenciadas para todas las modalidades de transporte. “Existe una tarifa diferenciada para los jóvenes menores a 16 años, sin necesidad de presentar un carnet estudiantil”, subrayó.
De su lado, Karla Orozco, directora Ejecutiva subrogante de la ANT, informó que reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre establece el procedimiento para el cobro de tarifas diferenciadas. Añadió que para los jóvenes entre 16 y 18 años sí es necesario presentar el carnet estudiantil.
Como segundo punto del orden del día, la mesa legislativa revisó la metodología para la macro fiscalización de industrias extractivas y derechos humanos. Sobre este tema recibió a representantes de 20 organizaciones defensoras del medio ambiente, con la finalidad de proponer la figura de un tratado jurídico vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos y dotar al Estado una herramienta eficaz que establezca reglas, límites y responsabilidades claras, sobre el papel de estas empresas y su relación con la industria extractivista.
Frente al tema, Pablo de la Vega, asesor de la comisión, expuso los lineamientos para abarcar la temática desde la visión de los Derechos Humanos, entre ellos: los conflictos socioambientales entre la comunidad, Estado y empresa; competencias entre Policía y Fuerzas Armadas que dan seguridad a transnacionales; y, titularidad de tierras para los pueblos afectados.
Las legisladoras Paola Cabezas y Victoria Desintonio objetaron que el tema sea tratado en la Comisión de Garantías Constitucionales, por ser temática que ya se encuentra en fiscalización desde la Comisión de Biodiversidad.
Por su lado, el asambleísta Mario Ruiz enfocó la problemática desde el lado de los derechos humanos, al mencionar que pueblos como Buenos Aires, ubicado en la parroquia Urcuquí, provincia de Imbabura, son perjudicados por la extracción minera, afectando a su población.
Para finalizar la sesión, la vicepresidenta de la mesa legislativa, Victoria Desintonio mocionó que se remitan los informes pertinentes a la Comisión de Biodiversidad, con la posibilidad de que sean tratados entre las dos comisiones de la Asamblea. La moción no fue aprobada por no registrarse los votos necesarios.
KCS/pv
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