La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió a profesionales de las diferentes ramas de la salud, quienes expusieron sus puntos de vista en torno a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación.
Fernando Cornejo León, exviceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública del Ministerio de Salud, basó su exposición en el tema bioético y salud mental. Sostuvo que llama la atención que el veto inicie con un punto de vista personal del Presidente de la República, pues las políticas públicas se basan en puntos de vista científico, estudios controlados y poblacionales, de modo que las opiniones personales carecen de importancia.
Señaló que es necesario respetar el principio de beneficencia del sistema de salud a favor de los pacientes sin ningún tipo de barreras para la atención en salud, al tiempo que subrayó que en la objeción se vulnera el principio de autonomía.
De su lado, Inti Quevedo Bastidas, médica por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aseguró que “como especialistas en salud pública estamos preocupados por el veto del Ejecutivo”, al tiempo que indicó que la OMS advierte que al año se producen 22 millones de abortos en forma insegura, de ellos fallecen 47 mil mujeres y 5 millones en mujeres quedan con discapacidad.
La profesional aseveró que la OMS recomienda que el tema sea abordado con un enfoque de derechos humanos, garantizar mayor accesibilidad, proteger la salud y los derechos de las mujeres y eliminar las barreras. “El aborto inseguro es un problema catastrófico de salud pública que tiene alta incidencia en la mortalidad materna”, enfatizó.
A su vez, César Paz y Miño, médico especialista en Genética, comentó que el veto del Presidente de la República propone un cambio total a la propuesta del Legislativo y atenta contra derechos establecidos, discrimina a las mujeres y les somete a un proceso de revictimización. La objeción de conciencia es individual y no puede atentar contra el derecho a la salud y la libre elección de cuándo y cuántos hijos tener, establecido en la Constitución.
Tras indicar que apoya el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional porque es muy racional y sugerir la ratificación del articulado, advirtió que se pretende asociar el aborto con el infanticidio que es un tremendo error. Expresó su preocupación porque cada día 11 mujeres son violadas y que en el 54% de los casos el agresor fue ascendiente o pariente de las mujeres violadas, lo que significa que, a más de la violación, que constituye un crimen, expone a las mujeres violadas a un riesgo genético y de otras enfermedades.
Ana Lucía Martínez, máster en Género y Desarrollo por la FLACSO-Ecuador, sostuvo que la objeción de conciencia en la atención y la operativización de los servicios de salud no puede ser una vía para revictimizar a las pacientes. “Para los profesionales de salud la objeción de conciencia no puede ser una barrera para el acceso a los servicios de salud”, aseveró.
Carina Vance, exministra de Salud, resaltó la importancia de la sentencia que sobre el tema dictó la Corte Constitucional, que garantiza la igualdad de condiciones para mujeres víctimas de violación. También destacó la gestión de la Asamblea Nacional que aprobó una ley que constituye un avance y expuso su preocupación por el veto del Presidente de la República, porque genera barreras de acceso a la interrupción del embarazo. Sugirió a la comisión ratificar los textos aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional.
PV
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