La Comisión de Fiscalización y Control Político no alcanzó la mayoría necesaria para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político auspiciada por Ferdinan Álvarez Zambrano, en contra del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, por incumplimiento de funciones. Solo se registraron cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención. El titular de la mesa, Fernando Villavicencio, dispuso que el expediente se remita a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que lo incluya en la agenda del Pleno.
Esta decisión se enmarca en lo previsto en el artículo 142, inciso 6º, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que determina: “Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión, de conformidad con esta Ley”.
Previamente, los legisladores debatieron acerca de la decisión del asambleísta Ferdinan Álvarez de retirar la solicitud de juicio político, así como el retiro de firmas de respaldo de varios legisladores al referido proceso. El criterio mayoritario de los miembros del organismo se enfocó en que la comisión no tiene capacidad para dar paso al retiro de un proceso que ya ha sido admitido a trámite por el Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, no hubo los votos para el inicio de la sustanciación.
Carta del Procurador
La mesa dio lectura de la comunicación remitida por el procurador del Estado, Íñigo Salvador, por la cual cuestiona la calificación de la solicitud de juicio político, porque las firmas habrían sido entregadas de forma extemporánea, así como el anuncio de prueba con un documento reservado, mismo que no se habría obtenido en legal y debida forma, por tanto, no tendría validez jurídica. Por ello, solicitó que la Comisión de Fiscalización archive el proceso, más aún luego que el interpelante decidiera el retiro de su pedido de juicio político.
Fotorradares
Así mismo, tras escuchar la denuncia del concejal de Cuenca, Cristian Zamora, sobre presuntas irregularidades en la contratación de fotorradares para la capital de la provincia de Azuay, la mesa decidió iniciar un proceso de investigación, que estará a cargo del despacho del asambleísta Bruno Segovia.
En los próximos días se establecerá el calendario de comparecencias de las autoridades involucradas, a fin de recibir información que conduzca al esclarecimiento de esta temática.
EG/pv
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