En el marco de la fiscalización y control político, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social recibirá este miércoles 23 de marzo, a las 09h00, a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quien absolverá los requerimientos de información de los legisladores Lucía Placencia, Juan Cristóbal LLoret y Ángel Maita.
Los parlamentarios consultan al funcionario las acciones para la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural; listados de educadores populares que constan en glosas en la provincia de Loja; porcentaje de ciudadanos migrantes retornados y residentes en el exterior, que se encuentran afiliados mediante el régimen especial de seguro voluntario.
Además, las acciones para facilitar el pago por concepto de aporte mensual por afiliación voluntaria de los migrantes residentes en el exterior; listado de prestadores externos de primer y segundo nivel que mantengan convenios vigentes con el IESS, en las provincias del Cañar y Azuay, entre otros aspectos.
A las 11h00, Iván Tobar, gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Rosa Guerrero, superintendenta de Bancos (s) y María Vela Zambrano, presidenta de la Junta de Política y Regulación Financiera, atenderán las inquietudes del asambleísta Salvador Quishpe, respecto de la situación del Fondo de Jubilación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
También fueron llamados los ministros de Deporte, Sebastián Palacios y de Economía, Simón Cueva, para que expliquen las acciones que han ejecutado e implementarán para afrontar la problemática de los trabajadores de Concentración Deportiva de Pichincha, en atención al pedido de la legisladora Johanna Ortiz.
Por último, en la sesión convocada para las 15h00, los legisladores avanzarán en el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, de iniciativa del legislador Lenin Mera, que determina que la condición de habitante rural que labora en el campo se mantendrá, a pesar del cambio de denominación de uso de suelo autorizado por el ente rector respectivo, siempre y cuando el trabajador manifieste su interés de seguir perteneciendo al Seguro Social Campesino.
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