La Comisión de Justicia avanzó en el estudio de la objeción del presidente de la República, Guillermo Lasso, al proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación. Esta vez escuchó las observaciones de Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social; Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío; Zoraya Bohórquez, presidenta de la Sociedad Científica Ecuatoriana de Psicología Jurídica; y, de Ramiro Ávila, exmagistrado de la Corte Constitucional.
Al respecto, Berenice Cordero basó su exposición en la adopción, la ponderación de derechos y riesgos de la “maternidad subrogada”. Resaltó que la adopción forma parte de los cuerpos de derechos humanos y es una de las instituciones más completas para proteger a los niños y adolescentes privados del medio familiar para darles la oportunidad de crecer. En el país se registran 100 adopciones nacionales al año y de 5 a 10 adopciones internacionales, informó.
De su lado, Ramiro Ávila, exmagistrado de la Corte Constitucional, enfatizó que la naturaleza jurídica de la objeción presidencial es por inconstitucionalidad y por tanto la Asamblea Nacional debe aplicar el artículo 139 de la Constitución y requerir el dictamen previo de la Corte sobre la constitucionalidad o no de las objeciones.
Explicó que esta disposición tiene como objetivo garantizar coherencia entre las normas que se aprueban y la Constitución, y desarrollar los derechos previstos en la Constitución, a la vez comentó que a su parecer el Presidente de la República quiso evitar el control previo de la Corte Constitucional al señalar que es su opinión personal pero que no incide en la objeción.
Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, respaldó el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, al tiempo que indicó que la objeción del Presidente de la República pone a las víctimas de violación en situación de indefensión y obstaculiza el ejercicio del derecho a no vivir una maternidad que no desean. Sostuvo que con ello se pone en riesgo la vida y complica la salud de las niñas y mujeres violadas, ya que crea una serie de trabas para acceder a la interrupción del embarazo por violación.
Por último, Zoraya Bohórquez, presidenta de la Sociedad Científica Ecuatoriana de Psicología Jurídica, advirtió que en la objeción se ponen varias exigencias que prácticamente las mujeres y niñas tendrían que demostrar que fueron victimas de delitos sexuales.
Advirtió que en un alto porcentaje de las denuncias de delitos sexuales el agresor pertenece al núcleo familiar y que el 40% de ellas han sido revictimizadas. Igualmente, aseguró que el miedo de lo que podría ocurrir impide que las víctimas de violación presenten la denuncia. “Es difícil pensar que, con la sola presentación de una denuncia y una declaración juramentada, como exige el veto, se podría asegurar la aplicación de la justicia a los violadores”, resaltó.
Al finalizar, el presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo solicitó a los comparecientes que remitan las observaciones por escrito para considerarlos en la elaboración del informe respectivo.
PV
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