La Comisión de Régimen Económico, inició el estudio del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, presentado por el asambleísta Marco Troya, quien explicó los alcances y objetivos de su propuesta.
El parlamentario sugirió revisar el uso del proceso del Régimen Especial de Contratación Pública, el mismo que estaría beneficiando a la contratación de consorcios. En este contexto, cuestionó que se dejen de lado las convocatorias públicas, en perjuicio del Estado y que no exista una ley clara sobre la conformación de consorcios, pues la contratación queda a libre albedrío de las autoridades, sin garantías de un proceso transparente.
Al respecto, propuso que se incluya en el proyecto la figura de concurso público para elección de consorcios que deseen prestar sus servicios a entidades públicas. “Así el proceso se dará con mayor transparencia”, indicó.
También recibió a la asambleísta, Silvia Núñez, proponente de uno de los proyectos unificados del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero Unificados y al legislador, Darwin Pereira, autor del proyecto de Ley de Identidad Tributaria.
Silvia Núñez propone en su proyecto la reestructuración de deudas con entidades bancarias, en casos de fuerza mayor. “He planteado una salida para los ecuatorianos por deudas con la banca que han golpeado a las familias por la pandemia, pérdidas de empleo, enfermedades catastróficas y otros casos extremos”, argumentó.
Además, aclaró que no se trata de un refinanciamiento de la deuda, como lo norma la Junta de Política Monetaria, sino de la reestructuración del saldo de la misma, a mayor plazo y menor interés, una vez que el deudor haya cumplido con el 5% del pago inicial.
Darwin Pereira, en cambio, planteó ampliar las responsabilidades de cobro en casos de quiebra de las empresas hacia los accionistas, en vista de que se han presentado empresas fantasmas a las que no se ha podido cobrar la deuda, por no existir un representante real.
Se suma a su propuesta, la renegociación de la deuda, siempre y cuando el deudor pague el 20% de la misma, así como la implementación de una tabla de renegociación, que permitirá identificar el monto a pagar, según la condición de la empresa.
Finalmente, la comisión decidió invitar a expertos y académicos del sector económico y tributario, para recoger sus observaciones y recomendaciones que contribuyan a la elaboración de un documento legal que beneficie a los ecuatorianos.
KCS/pv
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