El viceministro de Economía, José Gabriel Castillo; el presidente ejecutivo (s) de la Asociación de Bancos del Ecuador, Marco Rodríguez; y, el presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, Édgar Peñaherrera, presentaron sus observaciones a los proyectos de reformas al Código Monetario y Financiero unificados, que tramita la Comisión de Régimen Económico.
Castillo dijo que la reforma puede afectar los mecanismos de calificación de los activos de riesgo vigentes, ya que establece que, para créditos de los segmentos productivos y de inversión pública la calificación se efectuará sobre cada sujeto de crédito, mientras que, para los créditos de consumo, vivienda de interés social y público, inmobiliario, microcréditos y educativo la calificación de riesgo se realizará por cada operación.
Precisó que los proyectos deben tener como objetivo el fortalecimiento de la dolarización y la estabilidad monetaria y financiera en el país. Para ello, es necesario dotar de independencia a los entes de regulación, garantizando representatividad técnica, apartada de intereses políticos, gremiales o sectoriales de sus miembros.
Los legisladores Byron Maldonado, Ana Herrera y Blanca Sacancela consultaron sobre los estudios técnicos y la afectación que podría darse, respecto de la reducción de las tasas de interés y los parámetros de calificación de cada sujeto de crédito. Castillo señaló que para reducir tasas de interés tiene que haber un dictamen del Ministerio de Finanzas. Sugirió a la Comisión citar a los delegados de la Superintendencia de Bancos para que aclare el tema de calificación de cada sujeto de crédito.
Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo encargado de Asobanca, dijo que más ecuatorianos acceden al crédito bancario. En los dos primeros meses del año, los nuevos créditos crecieron 21% (333 millones de dólares) y las nuevas operaciones crecieron en 7%. Aclaró que las provisiones son una reserva que realizan las instituciones con el objeto de contar con recursos para cubrir la posibilidad de que un cliente no pague su crédito o que un activo que posean pierda valor.
A criterio de Rodríguez, bajar las tasas de interés por decreto no es técnico y solo genera exclusión financiera. Se debe encontrar mecanismos para que las personas que acceden a créditos puedan ser reinsertadas en el sistema financiero, precisó.
Édgar Peñaherrera, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, informó que a diciembre de 2021 existen 486 cooperativas, 4 mutualistas y una caja central. Mencionó que las entidades del Sistema Financiero Popular y Solidario mantienen 4.133 puntos de atención, de los cuales el 54% se encuentra en cantones de alta pobreza y el 37% se ubican en cantones de alta ruralidad.
Indicó que hay preocupación del sector por las reformas al Código Monetario que están orientadas a ajustar algunos temas del sector financiero, lo cual puede derivar en complicaciones para las organizaciones que lo conforman, entre ellas, las cooperativas de ahorro y crédito.
Además, pidió a la Comisión, reformar la Ley de Economía Popular y Solidaria y el Código Monetario para crear una Superintendencia exclusiva para el sector financiero popular y solidario, en concordancia con lo que dispone el artículo 309 de la Constitución.
Los parlamentarios Pabel Muñoz y Byron Maldonado señalaron la necesidad de que la gente acceda a créditos y que las tasas de interés disminuyan.
JLVN/pv
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