La Comisión de Fiscalización y Control Político, con cinco votos afirmativos, aprobó el informe de la investigación del caso denominado “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”, por el cual se determina que las condiciones en las que el país paga la deuda con petróleo representarían millonarios perjuicios económicos, pues el crudo se entrega a precios inferiores a los del mercado y son las compañías asiáticas las que lo entregan a bancos y empresas privadas para una posterior reventa.
Fernando Villavicencio, presidente del organismo, en su presentación del informe, indicó que “el expediente recoge 13 años de información publicada en los principales medios de comunicación del Ecuador y el mundo, así como, documentos que en su momento fueron declarados como secretos y/o reservados, de los cuales se desprende que más de 4.700 millones de dólares fueron a parar en manos de empresas intermediarias extranjeras, en perjuicio del Estado ecuatoriano”.
En los antecedentes, el documento cita un señalamiento de la Contraloría General del Estado, en varios exámenes especiales, en el sentido que el crudo fue comercializado en condiciones perjudiciales para el país, sobre todo por la cláusula que estableció la fórmula para el cálculo del precio del barril y su “libre destino”.
“Igualmente, el organismo de control determinó glosas por USD 174,7 millones de dólares de los Estados Unidos de América en contra de exfuncionarios de Petroecuador y las compañías asiáticas y emitió tres informes con indicios de responsabilidad penal, por entregar el crudo a precios por debajo de la cotización de mercado y firmar los contratos sin sustentos en informes técnicos”, expresó Villavicencio.
La mesa legislativa recomienda, entre otros aspectos, remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, para que investigue el presunto cometimiento de delitos, teniendo en cuenta que desde el año 2017 se encuentra aperturada la indagación previa número 08-2017 por denuncia del hoy presidente de esta Comisión. También, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a fin de que realice una investigación de los perfiles económicos-financieros, de todos los sujetos y empresas que constan en este informe.
Así mismo, el documento será enviado a la Corte Constitucional para que certifique si emitieron dictamen previo de constitucional, respecto de los convenios internacionales suscritos con China para el otorgamiento de las líneas de crédito; a la Contraloría General del Estado y a la Presidencia de la República para que tenga conocimiento de los hallazgos encontrados en esta investigación.
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