La Comisión de Régimen Económico, dentro del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, recibió las observaciones de María Vela, presidenta de la Junta de Regulación y Política Financiera y de Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo.
María Vela recordó que el cálculo de las tasas de interés le compete al Banco Central. Precisó que la Junta de Regulación y Política Financiera es el ente que regula, actúa y tiene competencia para generar un entorno macro prudencial consistente y robusto que permita aprobar las tasas de interés efectivas máximas y generar seguridad, confianza y estabilidad en la intermediación financiera.
Indicó que hay varios componentes de las tasas de interés: el 40% es el costo de captación, 30% costo de operación, 26% provisiones y 4% costo de capital, a la vez informó que, en 2020, a raíz de la pandemia, creció el porcentaje de crédito al cliente.
Aclaró que el costo de las provisiones es uno de los varios factores para la determinación de las tasas de interés. El riesgo de crédito está ligado con la posibilidad de que se produzca un impago de la deuda, lo cual obliga a las entidades financieras a prever estas posibles pérdidas, lo que se denomina provisión que representa una reserva económica que crean las entidades que realizan operaciones crediticias, con el claro objetivo de cubrir las posibles pérdidas, brindando seguridad a los depositantes.
La funcionaria recordó que las provisiones anticíclicas son aquellas incorporadas en la normativa ecuatoriana a partir del año 2012 y su objetivo es generar un fondo para enfrentar las posibles crisis bancarias y los efectos de los ciclos económicos.
Señaló que en Ecuador las metodologías asignan una calificación a cada operación para posteriormente poder determinar y constituir las provisiones de manera mensual y de forma acumulativa, de acuerdo con sus niveles de riesgo por segmento, las categorías y porcentajes de provisión definidas para las calificaciones. Precisó que bajar las tasas de interés no resuelve el problema para mejorar la economía del país, pues “la economía necesita confianza en la política monetaria para producir más.
El parlamentario Pabel Muñoz expresó que en las reformas al Código Monetario y Financiero es necesario distinguir entre las tasas para créditos de consumo y las destinadas a emprendimiento y producción. Los emprendedores se topan con tasas que no son competitivas y es allí donde la mesa legislativa debe poner la atención para apoyarlos, aseguró.
Por su parte, Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, coincidió con la representante de la Junta Financiera, al señalar que todas las entidades del sistema financiero nacional están expuestas a sufrir pérdidas relacionadas con los préstamos que conceden, ya que es parte del negocio financiero.
Esto obedece que todo préstamo podría generar pérdidas asociadas al no pago de la deuda, que en caso de materializarse, afecta directamente a los resultados financieros de las entidades y, por tanto, podría afectar su solvencia. Para ello se generan provisiones, es decir, se reconoce una posible pérdida que generará esa cobertura para préstamos dudosos sin afectar a su capital, explicó.
El no reconocer estas pérdidas de manera permanente y esperar tener un solo registro final pone en riesgo la sostenibilidad, situación que podría afectar a los depositantes que confían su dinero en la entidad financiera, subrayó, al advertir que no existe ninguna normativa que prohíba o impida el ingreso y participación de la banca extranjera en el país.
JLVN/pv
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