La Comisión de Garantías Constitucionales recibió nuevas observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Juventudes, previo a la elaboración del informe para segundo debate que podría estar listo el 29 de abril, según lo indicó el presidente de este organismo parlamentario, Fernando Cabascango.
En esta oportunidad, los comisionados escucharon a Washington Núñez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Urbano, quien señaló que el artículo 13 del proyecto, que fija tarifas preferenciales, pone en riesgo la continuidad de un servicio público estratégico. Señaló que el Ejecutivo debería asumir los costos del transporte preferencial para los jóvenes y no el sector de la transportación urbana.
De su lado, Jorge Yánez, de la Federación de Transporte Urbano, sostuvo que, para mantener el servicio público, el Estado a través de los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberá aumentar el costo de la tarifa o aportar de sus presupuestos con recursos para subsidiar a los transportistas o a los usuarios.
Precisó que la falta de sostenibilidad financiera provocaría que el servicio carezca de oferentes, obligando al Estado a generar inversión en infraestructura y crear empresas públicas para que brinden el servicio de transporte. En este marco, las ciudades necesitarían más inversión estatal para poder mantener y mejorar la competitividad, añadió.
La legisladora Magaly Macías dijo que el artículo 13 debe eliminarse del proyecto, más aún luego de escuchar a los representantes de la transportación, quienes han demostrado el perjuicio que causaría este articulado, aspecto que coincidieron los parlamentarios Sofía Sánchez, Paola Cabezas, Fernanda Astudillo, Victoria Desintonio, Mario Ruiz, Xavier Santos y Eduardo Mendoza.
Victoria Desintonio pidió a los representantes del transporte que señalen cuáles serían las propuestas y alternativas para ayudar a los jóvenes del país y no limitarse a exponer la afectación.
De su lado, Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, manifestó que la política pública debe desarrollar el Estado con estudios técnicos. Indicó que, para estimular la creación de organizaciones juveniles se requiere recursos adicionales, por tanto, habría que establecer la fuente de financiamiento.
También estaba prevista la comparecencia de Marco Rodríguez, representante de Asobanca quien se excusó de asistir por haber asumido compromisos anteriores. Solicitó ser recibido el próximo jueves 21 de abril.
Proyectos
En otro orden, la comisión inició el estudio de otros proyectos, entre ellos, el de Ley para el Desarrollo Integral del Pueblo Montubio; Ley de Ejercicio de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Nacionalidades Indígenas; Ley de Protección del Patrimonio Genocultural de las Comunas, Comunidades, Nacionalidades Indígenas, Ancestrales, Pueblos Afroecuatoriano y Montubio y Otros Colectivos del Ecuador.
Así mismo, los proyectos de Ley de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano; Ley para la Aplicación de la Justicia Indígena en el Ecuador; y, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades.
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