La Comisión de la Niñez, bajo la conducción de su presidenta Pierina Correa, escuchó las ponencias de un experto y activista en temas sensibles en torno al análisis del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).
Pierina Correa manifestó que este pedido tiene relación con el artículo 57, que se refiere a la identidad de género y orientación sexual; el artículo 59, sobre el derecho a la identificación y el 62 que habla sobre el libre desarrollo de la personalidad, entre otros nudos críticos.
En este sentido, participó Édgar Zúñiga, médico y consultor en temas de diversidad sexual, quien destacó la importancia de compartir la información que ha ido compilando a lo largo del tiempo sobre las diversidades sexo-genéricas en el país.
Afirmó que, desde las distintas corrientes teóricas de las ciencias psicológicas, la sexualidad, las ciencias de la salud se ha generado un consenso sobre la normalización de la naturalización de la diversidad sexogenérica, entendiéndola como una expresión natural de la sexualidad humana.
Entre tanto, Elizabeth Vásquez, activista y fundadora del Proyecto Transgénero de Quito, realizó observaciones a los artículos que tocan dos temas: intersexualidad y transgenerismo que son dos diversidades sexogenéricas. Explicó que la primera es una diversidad de nacimiento y la otra que se manifiesta a lo largo de la vida en las niñas, niños y adolescentes.
Sostuvo que en ambos casos hay ciertos artículos que están legislando temas relativos a la identidad, identificación y otros derechos a nivel de educación y entorno, entre otros aspectos. Señaló la importancia de identificar las ambigüedades para respetar el marco constitucional del derecho a la integridad física en los niños intersexuales.
En otro tema, la comisión prosiguió el tratamiento del Libro I del Copinna referente a los derechos y participación de las niñas, niños y adolescentes que tienen derecho a intervenir en todo proceso que se decida sobre cualquier tema que les afecte en todos los ámbitos de su cotidianeidad y en la ejecución de dichas decisiones.
Además, tienen derechos a ser consultados, escuchados y participar libre, activa y plenamente en todos los asuntos relacionados con su desarrollo integral; así como en la vida familiar, comunitaria y social y en la formulación, ejecución, seguimiento e evaluación de las políticas públicas, normas, planes, programas y control de los poderes públicos, mediante el uso de metodologías acordes con su edad, nivel de autonomía y grado de desarrollo, pertenencia étnica y cultural, género y discapacidad.
Para tal efecto, el Estado garantizará y realizará acciones afirmativas; condiciones de respeto, protección y empoderamiento; facilitar los medios necesarios que garanticen su participación en entornos de presencialidad o de virtualidad de modo seguro, entre otros aspectos.
HC/pv
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