Representantes de la Función Electoral, de la academia y un abogado en libre ejercicio expusieron ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sus opiniones sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).
Romeo Sylva, abogado en libre ejercicio profesional destacó que la Comisión de Justicia haya trabajado en este proyecto de ley que se hace eco del sentir de los ciudadanos respecto de los problemas que en esta materia se han registrado en el Ecuador.
Respaldó la propuesta que prohíbe a las instituciones públicas difundir publicidad durante la campaña electoral, con excepción de la información que sea declarada de emergencia por las autoridades de las instituciones y el Consejo Nacional Electoral.
También presentó sus observaciones sobre la reforma que obliga a los candidatos que no alcancen menos del 5% de los votos del correspondientes al padrón electoral para la dignidad a la que postuló restituir al Consejo Nacional Electoral el 80% de los valores recibidos para este efecto como parte del Fondo de Promoción de las propuestas de campaña. Sugirió definir con claridad las razones que obligan esa devolución. Sus observaciones se refirieron además a los programas de gobierno de las organizaciones políticas.
En representación del Consejo Nacional Electoral (CNE) intervino Oswaldo Icaza Vinueza, quien expresó que desde la Función Electoral están prestos a colaborar con la Comisión de Justicia en el debate y estudio del proyecto.
Comentó que las reformas electorales deben responder a un objetivo superior, pues no se debería discutir cambios sueltos que pueden terminar contradiciéndose. Sugirió considerar la parte operativa y económica que signifique cada una de las reformas.
Esteban Ron, decano de la Universidad Internacional del Ecuador, manifestó que luego del análisis del proyecto advierten posibles inconstitucionalidades, a la vez resaltó la decisión de la comisión de propiciar una construcción democrática de las reformas electorales.
Señaló que el proyecto debe servir para evitar que los errores en las organizaciones políticas se reflejen en las instituciones del Estado y en el tipo de representación, ante lo cual es necesario prevenir y capacitar. Disponer que las autoridades revocadas en el mandato no puedan ser candidatos para otro tipo de elecciones contraría la Constitución que ya establece las inhabilidades, subrayó.
La Comisión de Justicia acordó insistir en la comparecencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
PV
