El Pleno de el Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Derecho al Cuidado Humano, sobre la base del informe elaborado por la Comisión del Derecho al Trabajo. La propuesta busca garantizar el derecho universal que tienen los trabajadores al cuidado directo de niñas, niños, adolescentes o personas que estén a su cargo; y, promover políticas que generen obligaciones y compromisos tanto para el sector público como para el privado en beneficio de los grupos de atención prioritaria.
El proyecto, remitido por la Defensoría del Pueblo, responde a la sentencia dictada por la Corte Constitucional que se refiere a los derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.
La asambleísta Pamela Aguirre, ponente del informe subrayó que el proyecto tiene como objetivo promover una serie de políticas de conciliación de la vida laboral y la familiar, empezando con la emisión de regulaciones y programas destinados a apoyar el desarrollo equilibrado entre las tareas y responsabilidades de la vida laboral y aquellas de la vida familiar de las personas.
Destacó la necesidad de ampliar el periodo de licencia de maternidad no remunerada; de licencia remunerada por lactancia; de licencia remunerada por paternidad y ampliar el periodo de licencia remunerada de maternidad y paternidad para los padres adoptantes, entre otros.
Debate
La asambleísta Johanna Ortiz expresó que se ha evidenciado no solo la falta de oportunidades, sino la violencia estructural que viven las mujeres y sus familias, lo que exige trabajar juntos en la construcción de normativa y políticas públicas que permitan vivir de manera más equilibrada, justa y humana.
De su lado, Sofía Sánchez reseñó la realidad y dificultades que tienen las mujeres para el ejercicio de la licencia por maternidad y lactancia, mientras que, Geraldine Weber sugirió considerar el trabajo telemático de la mujer, como una alternativa que permita compartir con sus hijos y garantizar una mejor alimentación que tiene una incidencia directa en el coeficiente intelectual.
Los legisladores remitirán sus observaciones por escrito para que sean consideradas por la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social en el informe para segundo debate.
RSA-PV
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