La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social continuó el análisis de la jubilación de los trabajadores de la industria del cemento. A la sesión acudieron sus representantes, quienes demandaron el cumplimiento de la ley que les ampara.
Galo Gudiño, representante de los trabajadores de las cuatro industrias instaladas en Chimborazo, Guayas, Azogues e Imbabura, tras solicitar justicia denunció que no se cumple la Ley 19 vigente desde 1989, que establece el cobro de dos centavos por cada kilo de cemento vendido al consumidor final, para financiar la jubilación de los extrabajadores cementeros que cumplan las 300 imposiciones, pero que empresas no han depositado dicho dinero.
Indicó que han transcurrido 33 años y desconocen lo que pasa con los dos centavos que va en beneficio de los extrabajadores jubilados. Igualmente denunció que luego de la aprobación de la ley varios trabajadores fueron despedidos. “La clase trabajadora sigue siendo explotada y las autoridades hacen caso omiso de nuestras demandas”, subrayó.
Miguel Ángel Puente, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigon (Inecyc), que agrupa tres de las cuatro cementeras que operan en el país (Holcin, Unacem y Cem) aclaró que se trata de una jubilación especial y no adicional, que lo único que hace es reducir el tiempo de aportaciones de 360 a 300 imposiciones para los trabajadores sujetos a riesgos.
Explicó que, a partir de la vigencia de la ley, las empresas cementaras recaudaron el valor de dos centavos de sucre por cada kilo de cemento que se vendía al consumidor final. En el año 2000 cuando se hace la convertibilidad a dólar se crea la ley de desahucio que establece la conversión automática de todas las obligaciones en sucre a un tipo de cambio de 25 mil sucres por cada dólar. Por lo tanto, en aplicación de esa ley de desahucio se convirtió a los dos centavos de sucre en 0.00014 centavos de dólar, conforme la ley lo establece, bajo principio de seguridad jurídica.
Aseguró que las empresas en este caso puntual son agentes de retención de valor que se carga a cada kilo de cemento de precio fábrica conforme establece la ley. “Las empresas siguen pagando mensualmente al IESS la retención por la venta de cemento; el IESS recaudó retroactivamente y con intereses los valores desde el año 2000 y ha pagado la jubilación conforme la resolución 640, pero por desconocimiento los extrabajadores siguen solicitando el pago con acciones extraordinarias de protección y en sede judicial”, afirmó.
Mientras que Estefanía Córdova Borja, directora Nacional de Recaudación y Gestión de la cartera del IESS detalló el cálculo de la contribución especial de cemento a marzo 2022 de las cementeras mencionadas. Dijo que a la fecha hay un total de 28 jubilados que han aplicado la ley interpretativa.
RSA/pv
