La Comisión de Fiscalización y Control Político, este martes 3 de mayo, con seis votos afirmativos, archivó la solicitud de juicio político propuesto por el legislador Ferdinan Álvarez, en contra de Íñigo Salvador, procurador general del Estado, toda vez que -a la fecha- no reúne los requisitos previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, ya que el proponente retiró dicho pedido y, a la vez, varios asambleístas retiraron su firma de respaldo.
Esta decisión se adoptó en cumplimiento de la Resolución 2021-2023-059, del Pleno de la Asamblea, de 21 de abril 2022, por la cual devuelve el expediente de enjuiciamiento político en contra de Íñigo Salvador, procurador general del Estado, a la Comisión de Fiscalización, a fin de que en el marco de sus competencias verifique, conforme el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que cumple los requisitos del artículo 131 de la Constitución, caso contrario la archivará.
Cabe recordar que, previamente, el 21 de marzo, la Comisión de Fiscalización, dentro del plazo previsto en la ley, sesionó para conocer y calificar la referida solicitud de juicio político en contra del Procurador del Estado. En aquella oportunidad, el organismo no pudo calificar a trámite el proceso por falta de votos, razón por la cual, con fecha 23 de marzo, mediante memorando, se solicita a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que incluya en el orden del día del Pleno el conocimiento de este tema.
Durante el debate, varios de los miembros del organismo fiscalizador expusieron que no existe norma expresa en la LOFL que faculte a los legisladores para retirar sus solicitudes de enjuiciamiento político o las firmas de respaldo para estos procesos. Por consiguiente, la Comisión de Fiscalización tampoco tendría la atribución de archivar los juicios en estos casos.
En la votación se registraron, además, dos votos en contra de la moción auspiciada por la asambleísta Gabriela Molina y una abstención.
EG/pv
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