La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social analizó la situación ambiental y laboral del proyecto minero, Mirador. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso aclaró que Ecsa y Ecuacorriente es una sola empresa e informó que a mediados de este mes harán la inspección y con las novedades que se reporten darán las disposiciones para tomar correctivos.
Referente a las tareas para el control de la tercerización laboral en la empresa ECSA, el ministro indicó que en la última inspección realizada el 15 de noviembre de 2021, no se encontraron trabajadores tercerizados. En la citada inspección se evidenció que Ecsa tiene subcontratos con varias empresas, lo cual no es ilegal, precisó.
Sobre las acciones para el control del estatus migratorio de quienes trabajan en el proyecto Mirador y la empresa Ecsa, informó que en la inspección no se evidenciaron problemas migratorios. Además, aseguró que en el Ministerio de Trabajo no hay trámites pendientes relacionados con la empresa Ecsa.
El parlamentario Luis Almeida recalcó en la importancia de asegurar el bienestar de la población minera. Johanna Ortiz resaltó el trabajo de articulación con el ministerio del ramo y la inspección a las empresas.
Luis Sánchez de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador “CASCOMI”, pidió al ministro un informe amplio y preciso sobre el número de personas muertas en la mina y protección de sus familiares; cuántas personas y por qué son despedidas intempestivamente; indemnización y cumplimiento del contrato colectivo; contratación del personal de la empresa minera, entre otras.
GAD San Vicente
Igualmente, los legisladores analizaron una supuesta vulneración de derechos de los trabajadores y servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Vicente, provincia de Manabí. Eduardo Rivera, su patrocinador, demandó respeto a los derechos laborales y fiscalización a los procesos administrativos, técnicos, obras y talento humano. Pidió la cancelación de sus sueldos y los aportes a la Seguridad Social.
De su lado Gema Cevallos, alcaldesa de la localidad, respondió que están al día en el pago de los aportes a la Seguridad Social.
La comisión resolvió remitir toda la documentación a la Contraloría General del Estado para que inicie la correspondiente auditoría y a la Fiscalía General del Estado, para que realice la respectiva investigación.
Además, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y; al Ministerio de Trabajo, para que remitan la información del cumplimiento de obligaciones patronales y realicen las inspecciones del para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los patronos.
RSA/pv
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