Las principales autoridades de las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria acudieron a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para tipificar el anatocismo como figura penal.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo explicó que en el marco de la elaboración del informe para primer debate escucharán a expertos, gremios y autoridades que pueden enriquecer el proyecto con sus observaciones.
A primera hora estuvo Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, quien agradeció la apertura de la comisión para escuchar la opinión de diversos sectores en la construcción de la normativa. Explicó que, el anatocismo significa acumular al capital de un préstamo los intereses vencidos y no satisfechos para que generen nuevos intereses, lo que a su criterio es contrario a la moral y está prohibido en nuestra legislación y en la Constitución.
La funcionaria sugirió que en la normativa conste lo que es la conducta antijurídica y punible que se espera tipificar, a fin de que queden absolutamente claras las sanciones a quienes incurran en el anatocismo, a la vez aseveró que si bien en el sector han recibido denuncias sobre anatocismo, en su gestión no se ha verificado que se haya cometido esa práctica.
Amparo Espinosa, intendenta general subrogante, tras informar que 600 entidades financieras están bajo el control de la Superitendenta de Bancos, informó que, a partir de 2019, realizaron procesos de supervisión, pero que en las revisiones no se ha evidenciado la práctica de anatocismo.
A su vez, Ricardo Montalvo, director de Normativa de la Superintendencia de Bancos, informó que la institución es competente para efectuar vigilancia, auditoría y control sobre la base del Derecho Administrativo. Aseveró que, en ese marco es importante determinar si el anatocismo amerita pena privativa de la libertad, bajo los principios de proporcionalidad de la pena y de mínima intervención penal, es decir siempre que sea estrictamente necesaria para la protección de las personas.
Advirtió que es necesario evaluar el riesgo que el juez penal cometa errores por no estar informado técnicamente, para identificar el cometimiento de anatocismo, a la vez aseveró que deben demostrar que ha existido la intención dolosa de aprovecharse de una persona.
Así mismo, expresó que entre las sanciones previstas en el proyecto consta la devolución de los intereses cobrados en exceso, pero que este es un tema relacionado con el Derecho Civil.
A la sesión también estuvo invitado el superintendente de Compañías, Marco López. No obstante presentó su excusa, argumentando que recién el jueves se posesionó en el cargo.
La legisladora Jhajaira Urresta advirtió que los canales de la Superintendencia de Bancos para receptar las denuncias de usuarios no han sido correctamente socializados, mientras que el asambleísta Fausto Jarrín denunció que las instituciones de control llenan de procesos al usuario, lo que hace que finalmente se nieguen los reclamos, al tiempo que pidió a las autoridades que entreguen los manuales internos que guiaron los procesos de control, criterios que fueron respaldado por las parlamentaria Sofía Espín y Vanessa Álava.
José Chimbo, expresó su preocupación porque las autoridades se refieren solo a los derechos de las instituciones financieras y no a los derechos de la ciudadanía, que enfrentan situaciones difíciles, producto de los créditos, considerando que han sido embargadas sus propiedades, criterio que fue compartido por José Agualsaca, quien enfatizó que el sistema financiero no aplicó los beneficios de la Ley de Apoyo Humanitario.
Al finalizar, Alejandro Jaramillo dijo que le llama la atención la información de los funcionarios sobre los resultados de los procesos de control, pues a diario los emprendedores se quejan que les cobran intereses sobre intereses, enfatizó.
PV
