La Comisión de Educación, luego de escuchar a Marcelo Aguilera y al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, quienes informaron sobre el incumplimiento del proyecto de construcción de infraestructura para siete institutos superiores a nivel nacional financiados por la Comunidad Europea, resolvió citar al Titular de la Senescyt para que responda por esta denuncia. También llamará a los rectores de los institutos afectados para que expongan la problemática.
Lloret relató que en 2016, el Banco Mundial estableció líneas de crédito por 220 millones de dólares para la construcción de los siete institutos técnicos y tecnológicos, a nivel nacional, pero que la Senescyt no cumple este proceso.
Señaló que en la provincia del Azuay se determinó un predio para la construcción del centro tecnológico, declarándolo de utilidad pública, por el cual se cancelaron seis millones y medio de dólares. Se llegó a colocar la primera piedra pero luego de siete años no se han realizado las obras de construcción, razón por la cual los exdueños del predio exigen su devolución, que actualmente tendría un costo de 15 millones de dólares.
Por este particular, el parlamentario pidió información a la Procuraduría y a Senescyt, instituciones que no han explicado por qué no defienden la propiedad del predio en la provincia del Azuay.
Por su parte, Marcelo Aguilera, rector del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, señaló que Senescyt ha demostrado negligencia por la falta de gestión en cuanto a la construcción del centro, lo cual afecta a la formación de miles de estudiantes. Además, mencionó que el predio no solo que está abandonado, sino que se podría perder los créditos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Europeo.
El presidente de la comisión, Manuel Medina recordó que esta víspera se trató en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, en el cual se toma en cuenta a los institutos técnicos y tecnológicos. A su criterio, es indispensable que estos institutos cuenten con autonomía para garantizar una educación integral, justa y humanizada.
Los legisladores Ana María Raffo, Edwin Frías, Rocío Guanoluisa, Isabel Enrríquez, Darwin Pereira y Manuel Medina coincidieron en la necesidad de iniciar un proceso de fiscalización por esta denuncia, por lo que resolvieron convocar al Titular de la Senescyt, a los rectores de los institutos afectados, para que en el marco de sus competencias, expliquen las gestiones realizadas para la construcción de los siete institutos, en qué estado se encuentran los procesos de adquisición y contratación de los predios, y el estado de los créditos otorgados.
JLVN/pv
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