Este miércoles, 11 de mayo, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social continuó el estudio del proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público, sobre el régimen de pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes de la República, previo a la elaboración del informe para segundo debate.
La iniciativa legislativa unifica doce proyectos de ley que proponen reformar la Ley de Servicio Público y fueron presentados en diferentes períodos legislativos desde diciembre de 2018 hasta julio de 2021.
Las motivaciones de las diferentes propuestas de reformas buscan disminuir el beneficio de pensiones vitalicias, que a la fecha reciben los exmandatarios bajo criterios de austeridad a partir de la crisis provocada por el Covid-19.
Así mismo, amplía las causales para la suspensión y extinción de este beneficio que tienen los exmandatarios en concordancia con las causales de destitución que establece la Constitución.
El Régimen de Pensiones Vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes no forma parte del catálogo de beneficios de la Seguridad Social ni forma parte de una relación laboral, por tanto, son revisables, sustentó el doctor Diego Cedeño, del equipo técnico.
El asesor parlamentario consideró que se necesita una decisión política para determinar si continúa o se deroga el régimen de pensiones vitalicias.
El asambleísta Salvador Quishpe pidió escuchar a la ciudadanía y priorizar el marco constitucional, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos como fundamento para eliminar el régimen de pensiones vitalicias.
Luis Almeida justificó el régimen de pensiones para los exmandatarios, criterio que fue compartido por el parlamentario Luis Marcillo quien propuso que se reforme la ley y se cree un Consejo Consultivo conformado por los expresidentes para que tengan una función.
Mientras el asambleísta José Chimbo planteó reformar el artículo 135 de la Losep para que el régimen de pensiones vitalicias se fije en dos salarios unificados que suman 850 dólares equivalentes a la canasta básica familiar.
Tras las diferentes intervenciones, la presidenta de la comisión, Rina Campain, suspendió el debate.
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