La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, resolvió exhortar a la Función Judicial a que se abstenga de involucrarse en asuntos que interrumpan el accionar administrativo y normativo, propio del ejercicio de las facultades legales y constitucionales, de cada órgano de las funciones del Estado, a fin de proteger su institucionalidad e independencia.
Esta resolución se aprobó por iniciativa del asambleísta Ricardo Ulcuango, luego de escuchar a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura.
El primero en intervenir fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, quien informó que su principal preocupación al asumir esas funciones fue la de recuperar el tiempo perdido, y cumplir los plazos y procedimientos, con estricto apego a la ley, para la selección de las autoridades de control; así como generar puentes de diálogo con todas las autoridades del Estado.
Enfatizó que el CPCCS no ha sido irresponsable ni moroso con la sociedad ecuatoriana, sino una institución sumamente respetuosa y responsable de las actividades y resoluciones que emanan de su seno, y que podrían afectar a otras instituciones.
A su turno, Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, tras defender la legalidad de su designación, afirmó que acudirá a cualquier instancia legislativa para responder por sus actuaciones, y atender las inquietudes y requerimientos de los asambleístas.
Murillo se refirió también a la decisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de enviar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una terna para la elección del nuevo Presidente del Consejo de la Judicatura.
Aseveró que esa es una decisión que no le compete al Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; pues se trata de una potestad que le otorga la Constitución a la Corte Nacional de Justicia, y esta debe responder por el uso, ejercicio y las decisiones que tomen al respecto.
A la sesión también fue invitado el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, pero presentó su excusa, razón por la que la mayoría de los comisionados cuestionó su ausencia.
El asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, aclaró que estas comparecencias se cumplieron en el marco de la fiscalización que ejerce la Función Legislativa, respecto a las instituciones que están bajo el control político. “No estamos interfiriendo en ninguna de las funciones, ni en ninguna de las atribuciones de la Función Judicial”, sostuvo.
HC/pv
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