Garantizar la correcta actuación de los agentes del orden público en cumplimiento de su deber, y tipificar el terrorismo de Estado como un mecanismo para combatir la inseguridad, son algunos de los objetivos del proyecto que presentó el legislador Luis Almeida.
El parlamentario recordó que en el país se ha desarrollado un gran debate en torno a las limitaciones que tienen los agentes del orden para combatir la criminalidad organizada, especialmente aquellas relacionadas con el uso legítimo de la fuerza. En la mayor parte de las ocasiones temen por las consecuencias penales que deben afrontar cuando, para impedir la consumación de actos que pueden ocasionar daños al derecho a la vida y a la integridad de víctimas, hacen uso de la fuerza letal.
Indicó que el proyecto incorporaría en el Código Orgánico Integral Penal un artículo que permite la exclusión de la antijuricidad de las acciones de los agentes de la fuerza pública, para aquellos casos de muerte o lesiones ocasionadas por la actuación de la fuerza pública en el curso de un delito flagrante; siempre y cuando, haya mediado por parte del agente, la advertencia de detenerse o de cesar la acción ilícita.
Esto es importante para garantizar la labor de los agentes, especialmente en el combate de los delitos flagrantes; pues, de ellos cuales se derivan buena parte de los homicidios, asesinatos, robos a mano armada, afirmó Almeida.
Al cerrar su intervención, indicó que el proyecto tiene como finalidad excluir de responsabilidad penal a los agentes del orden público, cuando así hayan advertido o solicitado la cesación de las acciones ilícitas por parte del sospechoso; actuaciones que deben guardar concordancia con el conjunto de principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
PV
