El Pleno de la Asamblea Nacional decidió que la Comisión de Régimen Económico trabaje en los posibles aportes que puedan derivarse del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero, mismas que se relacionan a pequeñas mejoras en aspectos operativos, y en los casos en que puedan darse modificaciones al estado actual de la operación de las entidades del sistema financiero nacional.
Este trabajo lo realizará con la participación de las entidades y organismos que supervisan, controlan, regulan y operan en los ámbitos monetario y financiero, a efectos de no incurrir en el riesgo de generar impactos negativos.
El Pleno de la Asamblea Nacional acogió el informe de la Comisión de Régimen Económico y resolvió archivar el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero, considerando que no presenta aportes relevantes que modifiquen de forma sustancial el estado actual de la operación de las entidades del sistema financiero nacional y que, si se quiere generar efectos positivos sustanciales, debe realizarse una reforma integral, y no, modificaciones parciales.
La presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, advirtió que los artículos propuestos ya han sido acogidos en otros cuerpos legales vigentes desde el 2018 y en ciertos casos no aplican respecto de la norma actual.
Explicó que las principales propuestas del proyecto, entre ellas, el impedimento por dos años a los funcionarios de organismos de control y regulación para la prestación de servicios en entidades financieras, ya han sido recogidos en varias iniciativas legislativas.
Declaraciones patrimoniales
En otro orden, el Pleno resolvió, por unanimidad, archivar el proyecto de reformas a la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, que disponía que la declaración patrimonial sea elevada a escritura pública ante Notario.
La Comisión de Justicia, luego de socializar la propuesta con expertos, abogados, excontralores y el Contralor en funciones, recomendó al Pleno archivar el proyecto, pues vulnera el derecho de los servidores públicos y ciudadanos que quieren ingresar a la Función Pública; de que los trámites que se realicen en la Administración Pública de preferencia serán gratuitos; que se supriman trámites prescindibles que generen cargas innecesarias para los administrados; y, además, implicaría una violación al principio de no regresividad de los derechos que contempla la Constitución.
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