Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales decidió enviar al Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de resolución en torno a los resultados del informe no vinculante de evaluación de la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que dispone a las instituciones inmersas actúen de manera inmediata para que en un tiempo determinado se aplique lo que manda la ley.
Según esa propuesta, el Servicio Nacional de Contratación Pública debe ejecutar el control de los procesos de contratación, a nivel de la circunscripción territorial amazónica, y haga cumplir el porcentaje establecido para la contratación pública preferente. Señala también que la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica remita a la Asamblea Nacional la ejecución presupuestaria destinada a las áreas de influencia y a la creación de centros de educación superior; y, que los Ministerios de Energía y de Economía emitan una resolución de carácter general para el cálculo y liquidación que determine la producción petrolera neta fiscalizada extraída y los recursos económicos que serán transferidos al Banco Central del Ecuador, para la distribución de los recursos del Fondo de Desarrollo Sostenible.
Jazmín Moyano, representante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), indicó que en meses anteriores la Comisión y la UTL entregaron el informe de evaluación de la ley, del cual se desprenden dos procesos importantes: el planteamiento de las reformas que requiere la Ley Especial Amazónica; y, el seguimiento completo del cumplimiento de la norma.
La parlamentaria Consuelo Vega resaltó que esta Ley Especial Amazónica es la primera evaluada por la Asamblea Nacional, y el proceso de fiscalización ha permitido recoger valiosos aportes para reformarla. Andrés Moyón, del equipo técnico evaluador, explicó que este proceso permite identificar si la ley vigente ha resuelto los problemas en un determinado territorio.
Por su parte, Pedro Zapata y Freddy Rojas insistieron en elevar a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el Plan de Evaluación y Seguimiento de la Ley que regula el Régimen Especial de la provincia de Galápagos, a fin de verificar si la normativa se cumple o no.
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