El Pleno de la Asamblea Nacional, con 95 votos afirmativos y dos abstenciones, resolvió convocar a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IESS; a los vocales Luis Clavijo y César Rodríguez; a Nelson García, director general; a Daniel Rodríguez, director nacional de Salud; al Director del Seguro Social Campesino; y, a Ximena Garzón, ministra de Salud.
Varios son los temas que los funcionarios deberán informar: la ejecución del plan de externalización de farmacias y su cronograma; la posición país respecto de la suscripción del Acuerdo Mundial Histórico sobre la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias; los despidos masivos de personal de la salud; la situación financiera del Fondo de Salud del IESS; valores que adeuda a Solca y su cronograma de pagos; la falta de abastecimiento de medicamentos, dispositivos e insumos médicos dentro de las unidades hospitalarias; y el detalle de medicamentos caducados en los hospitales.
También será citado, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, quien informará sobre el presupuesto de la Salud y los valores que el Estado adeuda al IESS con su cronograma de pago.
Las comparecencias fueron solicitadas por el asambleísta Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, quien denunció la serie de despidos masivos de médicos del sistema nacional de salud, que repercuten en sustento de las familias afectadas, así como en los servicios y atenciones a la ciudadanía.
En el debate de este tema intervinieron 15 asambleístas, quienes respaldaron el pedido de comparecencia de las autoridades de Salud y del IESS, a fin de que respondan por la falta de dispositivos e insumos médicos, inestabilidad laboral del personal médico, falta de atención oportuna y con calidad, y por la falta de ambulancias.
Señalaron también la importancia por la ejecución de la política pública en estos temas; la urgencia de una norma legal respecto al tiempo de permanencia de los miembros del Directorio del IESS; y la necesidad de buscar soluciones a la problemática de la seguridad social, más aún cuando existe una deuda acumulada de 8.300 millones de dólares.
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