Por iniciativa de los legisladores Patricia Sánchez y Gustavo Mateus, la Comisión de Gobiernos Autónomos inició un proceso de control político a la gestión de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares, ante las denuncias sobre vulneración de derechos humanos producidos durante desalojos.
Para ello, comparecieron miembros de las cooperativas en las que se han registrado desalojos, la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares y representantes de organismos de derechos humanos.
Enrique Rentería, de la Cooperativa Cañaveral, en la ciudad de Guayaquil, aseveró que viven con miedo desde el 5 de marzo pasado en que fueron destruidas 10 viviendas, aduciendo que fueron invadidas, a pesar de que adquirieron esos terrenos y han habitado desde hace 16 años, a la vez que agradeció el trabajo de la Asamblea Nacional que aprobó la Ley de Vivienda de Interés Social, en la que ven una salida a este problema, mientras que Doli Vera sostuvo que iguales problemas sufren en el sector de Monte Sinaí.
De su lado Fernando Bastidas y Billy Navarrete del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y del Comité Nacional de Derechos Humanos, expresaron su preocupación por la gestión de la Secretaria Técnica, pues se ha limitado a disponer los desalojos, sin considerar antes otras medidas alternativas. Bastidas advirtió que el desalojo forzoso es un acto que atenta contra la dignidad humana y violatorio a los derechos.
Aseguró que no se ha considerado que allí estaban personas en movilidad humana y de refugio, que requieren atención especializada.
Oswaldo Aguilar, del Proyecto Productivo Ayalán, para personas retornadas del exterior, como una oportunidad para trabajar y emprender, señaló que el 24 de marzo sus terrenos, cultivos y algunas casas fueron destruidas, a pesar de que habían personas de la tercera edad, criterios que fueron compartidos por la señora Gabriela Herrera, quien demandó la intervención de las autoridades competentes para encontrar una solución definitiva.
La secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares, Evelyn Montalván, aclaró que es falso que en el caso de la Cooperativa Cañaveral se encuentren habitando desde hace 16 años, a la vez que indicó que hasta el año 2019 no podían iniciar procesos de regularización de las tierras, porque se encuentran en áreas reservadas de seguridad nacional y por lo tanto no pueden ser habitadas.
Reseñó que en 2020 por la cantidad de asentamientos humanos se inició un proceso de regularización, previo el cumplimiento de los procedimientos legales. Insistió que Cañaveral y Ciudad de Dios colindan con el Bosque Protector Papagayo, por lo que no permitirán ampliar el asentamiento humano y peor talar bosques. Es falso que el desalojo sea la única política pública de la Secretaría Técnica, afirmó. Puso como ejemplo ocho convenios de apoyo a los GAD en procesos de regularización y ordenamiento territorial.
La legisladora Patricia Sánchez, vicepresidenta de la comisión, advirtió que los desalojos no han parado desde el año 2010 en la zona de Monte Sinaí, a la vez que recordó que en esa época se dictó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano con financiamiento del BID, que lo suspendió en 2015 por infringir una disposición que prohibía los desalojos. Tras advertir la ineficiencia de las políticas públicas en la prevención de asentamientos informales, enfatizó que las autoridades competentes no han remitido la información sobre la aplicación de la Ley 88 relacionada con la legalización de tierras.
El asambleísta Gustavo Mateus relató los antecedentes que justificaron la creación del Proyecto Productivo Ayalán, en la parroquia El Morro, en Guayaquil, que evidencia que las personas que forman parte de este programa no son invasores. Denunció que el 24 de marzo pasado la Secretaría Técnica, con el apoyo de miembros de la Policía y maquinaria pesada, destruyó viviendas, plantaciones y desalojó a migrantes retornados. No debemos permitir más atropellos a los migrantes que con sus remesas apoyan al país y que hoy ven truncados sus sueños y vulnerados sus derechos, concluyó.
Al finalizar la sesión, la mesa legislativa resolvió conformar una subcomisión para evaluar y analizar la información proporcionada por la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Irregulares.
PV
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