La Comisión de Relaciones Internacionales intensificó el estudio del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, acogiendo la sentencia de la Corte Constitucional, sobre el debido proceso en la revocatoria de nacionalidad.
En la sentencia, la Corte Constitucional analiza las garantías del debido proceso que deben regir en el procedimiento de revocatoria de la nacionalidad de una persona, la detención migratoria en aeropuertos, o zonas de tránsito o internacionales; y, la idoneidad de la acción de protección para la tutela de derechos en casos de revocatoria de nacionalidad.
El asambleísta Juan Fernando Flores, presidente de la comisión y proponente del proyecto, mencionó que existe la necesidad de ajustar la ley a la sentencia de la Corte Constitucional.
El proyecto se refiere a las garantías mínimas del debido proceso en casos de suspensión; proceso de naturalización que incluye la carta de naturalización; respeto a la igualdad, justicia, dignidad y debido proceso; y, la asignación de un defensor público y asistencia para quienes no hablen español.
Otro de los temas que trata el proyecto tiene relación con la detención o retención en espacio internacional, zonas de tránsito, en los aeropuertos y entradas de puntos fronterizos.
En la sesión intervino Alexander Barahona, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien expresó que todo proyecto no solo debe mirar un fallo de la Corte Constitucional, sino tener una mirada global de los entes internacionales en temas de derechos humanos y migratorios.
Desde la Unidad de Técnica Legislativa, Lilibeth Romero, destacó que el proyecto está subsanando los vacíos legales que tiene esta ley. Sugirió que en el análisis se consideren varios parámetros, como por ejemplo que ningún ciudadano extranjero que tenga naturalización y que esté en un proceso de revocatoria quede en situación de apatridia.
Informó además, que el proyecto guarda coherencia con la agenda 2020 de Desarrollo Sostenible, en su meta 10.7 que menciona: facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
El asambleísta Patricio Cervantes sostuvo que esta es una oportunidad para reformar las normas sobre deportación y garantizar los derechos de los niños y niñas que cruzan las fronteras sin sus padres.
Ángel Maita expresó que “mientras en el país damos privilegios a quienes vienen a vivir en nuestro territorio, cuando nuestra gente sale a otros países vive un calvario y se violan sus derechos humanos”, por lo que discrepó en dar facilidades para tener la nacionalidad ecuatoriana.
VR/pv
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