La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social analizó la denuncia presentada por Rosa María Chávez, respecto a una supuesta discriminación y acoso laboral sistemático por etnia. La extrabajadora de un medio público aseguró que fue tratada con indiferencia y de manera discriminatoria por ser indígena.
El organismo legislativo decidió que el Ministerio de Trabajo fundamente y explique por qué archivó el caso y envíe los respectivos informes. Además, notificar a la Defensoría del Pueblo para que participe del proceso y garantice los derechos fundamentales de la denunciante.
Rosa Chávez, tras recordar que laboró desde 2008 en Comunica EP, denunció que recibió un maltrato de parte de su jefe inmediato, José Antonio Sánchez. Aseguró que a pretexto de que maquilló a una persona que no estaba autorizada, le obligaron a renunciar. “Me sentí acosada, de un momento a otro tomé la decisión de renunciar, porque ya no les aguantaba”, mencionó.
Gabriela Obando y Johanna Mancheno, abogadas patrocinadoras, aseguraron que se trató de deslegitimar los años de trabajo de Rosa Chávez, quien se ha visto afectada por un procedimiento administrativo sancionatorio, lo que constituye no solo una violación al debido proceso, sino que evidencia una clara discriminación. “No permitiremos que se sigan soslayando los derechos de nuestra defendida”, señaló Mancheno, tras afirmar que que hubo discriminación formal y material, por lo que presentaron la denuncia por acoso ante el Ministerio de Trabajo.
De su lado, el representante legal de la Empresa Comunica EP, Galo Roldós, aseguró que no le ha ignorado peor discriminado a Rosa Chávez. “Yo no he pensado separar a Rosa de la empresa”, reiteró, al informar que el problema se ocasiona por hacer caso omiso de una disposición superior en la realización de un informe.
Rina Campain, presidenta de la comisión, recordó el mandato constitucional respecto a los derechos que deben ser garantizados y respectados. Marcela Holguín y Pamela Aguirre cuestionaron la inacción del Ministerio de Trabajo.
Eckenner Recalde pidió que se tomen las acciones pertinentes, mientras que Johanna Ortiz advirtió que se trataría de un hecho de violencia de género, racismo y delito de odio. Parece mentira que existan instituciones que no protejan los derechos de sus trabajadores, enfatizó.
“Los pueblos y nacionalidades no estamos aquí para pedir compasión, sino para exigir derechos”, expresó Salvador Quishpe al solicitar información sobre el proceso de investigación y las acciones para corregir esas conductas. Luis Marcillo recordó que el caso se encuentra en trámite en el campo judicial, por lo que se debe sugerir una decisión oportuna.
En su derecho a la defensa, José Antonio Sánchez recordó que la justicia aún no se ha pronunciado sobre el tema y respondió las inquietudes de los legisladores.
De su lado, Henry Valencia, del Ministerio de Trabajo, informó que en diciembre 2020 expidieron el protocolo de prevención y violencia en espacios de trabajo y que no está al alcance de las competencias del Ministerio toda vez que la denunciante ya había renunciado voluntariamente.
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