El Grupo parlamentario para prevenir, investigar y erradicar la violencia estatal y social organizó el foro ciudadano para analizar la situación de las personas que ejercen el trabajo sexual en el Ecuador.
La legisladora Marcela Holguín lamentó la falta de políticas públicas que protejan los derechos de las trabajadoras sexuales, que generalmente son madres y jefas de hogar y son objeto de discriminación laboral y estigmatización.
La parlamentaria plantea como alternativa para las trabajadoras sexuales el acceso a la salud, la educación, la seguridad social y principalmente la regularización de este tipo de prácticas laborales, para mejorar sus condiciones de vida.
De su lado Pilar Pallares, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, expresó que este es uno de los grupos más relegados de la sociedad, pues a través de los años ha sido objeto de maltrato, discriminación y precarización.
El trabajo sexual es una actividad legal deslegitimada que debe estar sujeta a controles, especialmente de sus condiciones de salud integral, manifestó.
Lilian Fernández, representante de las trabajadoras sexuales de Esmeraldas, demandó de las autoridades generar las condiciones para garantizar el respeto a su trabajo, pues en la actualidad no tienen un sitio donde presentar la denuncia ni cuentan con ningún tipo de garantías. “No tenemos un código ni quien nos respalde”, añadió.
Al finalizar, la legisladora Marcela Holguín se comprometió a participar en la construcción de una política pública a favor de las trabajadoras sexuales, con la participación de todos los sectores involucrados en esta materia.
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