El Pleno de la Asamblea Nacional, con 102 votos afirmativos y 28 abstenciones, acogió el contenido total del informe de fiscalización del caso de los trabajadores agrícolas tabacaleros de Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador, por el cual reconoce la existencia de esclavitud moderna como práctica ejercida por esta empresa contra los trabajadores, sometiéndoles a una situación de explotación y precarización laboral, similar a un régimen de servidumbre de la gleba.
La resolución contiene 14 artículos. Entre otros aspectos, recomienda el inicio del trámite de juicio político, por incumplimiento de funciones, de Patricio Donoso, ministro del Trabajo.
Se recomienda al Presidente de la República la suspensión de la Secretaría de Derechos Humanos por el incumplimiento de sus competencias y atribuciones, y, en su lugar, devolver la institucionalidad del Ministerio de Justicia, para que cuente con suficiente capacidad administrativa, técnica y financiera que le permita hacer el seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones, convenios y compromisos emitidos por organismos y mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano.
Exhorta a la Dirección de Registro Civil que implemente los mecanismos para garantizar el derecho de identidad de niños, niñas y adolescentes en zonas agrícolas rurales, en donde viven y trabajan sus familias, en especial en plantaciones de banano, palma, flores y abacá; al Ministerio de Inclusión Económica que amplíe la cobertura de beneficiarios de sus programas en el caso Furukawa; que el Gobierno Nacional formule y aplique una política pública nacional.
Además, dispone al Ministerio del Trabajo que presente a la Asamblea Nacional un informe trimestral de las acciones realizadas para erradicar las formas de explotación laboral ejecutadas por parte de la empresa Furukawa.
Debate
La legisladora Paola Cabezas señaló que la Comisión de Garantías Constitucionales constató la precariedad en la que viven y vivieron los trabajadores de esta empresa que por décadas encubrió la relación laboral a través del mecanismo de arrendamiento de predios rurales. Dijo que hubo ausencia del Estado tras indicar que en el informe de la Defensoría del Pueblo se reveló que de 236 personas, 70 no tienen ningún dato en el Registro Civil, el agua que beben es contaminada y proviene de pozos y esteros, trabajaban 14 horas recibiendo apenas 200 dólares, acciones que se suman a la violación de derechos humanos por parte de la empresa.
En el debate, participaron 12 asambleístas de diversas bancadas, quienes cuestionaron la existencia de “esclavitud moderna” que terminó en violación de derechos humanos, explotación laboral, trabajo infantil, pese a la prohibición de tercerización y precarización dispuesta en un mandato constituyente.
Son más de 1240 personas que han sido esclavizadas y han vivido en condiciones precarias que no cuentan con servicios básicos, atención en salud, educación, bienestar social y algunos de ellos ni siquiera tienen identidad, es decir, una serie de violaciones de derechos humanos, advirtieron.
Comisiones generales
“A la Asamblea Nacional sí le importa la violación de derechos humanos, dijo Patricia Carrión defensora del Comité Furukawa “Nunca Más” al ser recibida en comisión general en el Pleno de la Legislatura, junto a Mayra Valdez, representante de los trabajadores y extrabajadores de Furukawa y Vanesa Bosques, trabajadora del Comité Furukawa.
Mayra Valdez dijo que están a la espera de las decisiones de las autoridades, especialmente de la Corte Constitucional, sobre la reparación integral dictada por el juez Carlos Vera. Diana Bósquez, recordó que han pasado 7.834 días de permanentes vulneraciones de derechos a los trabajadores y extrabajadores de Furukawa y no han podido acceder a las acciones de reparación, a pesar de que existe una sentencia.
Mientras Patricia Carrión expresó que el caso Furukawa es emblemático porque se trata de un tema de esclavitud moderna en Ecuador. Aseguró que pese a la existencia de dos sentencias no se concreta la justicia y reparación a la víctimas. Denuncio que los trabajadores están peor que antes, pues permanentemente son estigmatizados, hostigados y criminalizados.
JLVN/pv
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