La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo (Aldea), a través de Geraldina Guerra Garcés, solicitó que la Asamblea Nacional adopte medidas de prevención frente al creciente índice de femicidios en Ecuador, puesto que el número de delitos de esta naturaleza al primer semestre de 2022 supera los 130, cuando de enero a diciembre de 2021 llegó a 197 casos. “Esto quiere decir que cada 31 horas una mujer es víctima de femicidio”, enfatizó.
Ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, explicó que las provincias en las que se registra un mayor número de femicidios son: Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos; sin embargo, al considerar las estadísticas por cada 100 mil mujeres, el porcentaje más alto corresponde a las provincias amazónicas.
Geraldina Guerra aseguró que el problema se concentra con mayor énfasis en la zona rural y lo que preocupa es que cada vez crece el uso de armas de fuego en el cometimiento de los asesinatos contra mujeres. Añadió que es necesario desagregar los diversos tipos de femicidio: íntimo, de familia, sexual, en situación de prostitución, trata y tráfico de personas, transfemicidio, lesbofóbico, entre otros, algunos de los cuales son invisibilizados.
Así mismo, solicitó que se analicen mecanismos eficientes de reparación integral a las víctimas de femicidio, principalmente, los niños, niñas y adolescentes que quedan en la orfandad. Por ejemplo, para acceder al bono que otorga el Estado, los hermanos mayores, abuelos, tíos y demás parientes que quedan a cargo de ellos deben realizar engorrosos y costosos trámites, pues solo obtener la cédula de ciudadanía tiene un costo de 15 dólares por persona y las familias no tienen ni siquiera ese valor para cumplir el requisito.
Las asambleístas Ana Herrera y Paola Cabezas, coordinadora y secretaria de este grupo, tras agradecer por la información compartida por Aldea, comprometieron el trabajo de esta instancia parlamentaria, tanto en materia legislativa, cuanto en fiscalización y control político, para conocer qué están haciendo las carteras de Estado y demás entidades públicas vinculadas con la defensa de los derechos de las mujeres y, en particular, en materia de atención en casos de violencia.
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