La Asamblea Nacional resolvió que los ministros del Interior, Patricio Carrillo y de Defensa, Luis Lara Jaramillo, comparezcan ante el Pleno del Legislativo, en el término de 48 horas, para que informen sobre los procedimientos y actuaciones implementadas por la Policía y Fuerzas Armadas en el contexto del paro nacional.
La resolución se aprobó considerando que la Constitución de la República establece que son atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias. También se consideró que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática.
La asambleísta Jhajaira Urresta, proponente de la resolución, enfatizó que la crisis económica y social que vive el país ha provocado malestar en varios sectores de la población. “La salud, la educación y otras áreas importantes están en emergencia”, señaló.
Tras narrar cronológicamente los actos sucedidos durante el paro, dijo que es necesario que los funcionarios expliquen cómo están coordinando las acciones de la Fuerza Pública, quiénes están a cargo de cada uno de los operativos y la planificación.
De su lado, el presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez, lamentó la pérdida vidas, cientos de heridos, represión y violencia, a consecuencia de la desigualdad, la pobreza, el racismo y la indiferencia, a la vez que advirtió que se ha alimentado la polarización, el odio y el fanatismo.
No es correcto que en nombre de la protesta se incendien bienes públicos o privados, ni es correcto que en nombre del orden público se atente contra las zonas de paz, tampoco es correcto que a nombre de la indignación se contaminen fuentes de agua, o que a nombre de la paz social se reprima, sin respetar los principios y estándares internacionales de los derechos humanos en el uso de la fuerza”, manifestó.
En el debate los asambleístas se solidarizaron con las víctimas de las agresiones sucedidas en el paro nacional y condenaron la represión policial y militar, a la vez que llamaron al diálogo plural e incluyente con todos los sectores y a utilizar las herramientas constitucionales como mecanismos de solución a la crisis política.
También pidieron deponer actitudes e implementar rectificaciones de fondo. Exhortaron a las autoridades a respetar el derecho a la resistencia según el marco constitucional, para evitar la represión y la paralización de la cadena de producción, a fin de garantizar el abastecimiento de productos, controlar los precios y la especulación.
La resolución fue aprobada con 80 afirmativos, 3 negativos y 47 abstenciones.
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