El director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, en su comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales indicó que la información respecto de la supuesta vinculación del “Movimiento Guevarista” al paro indígena de la Conaie tiene el carácter de reservada.
El funcionario explicó que para clasificar y desclasificar este tipo de información hay un camino legal que debe ser cumplido por todos, por lo tanto, mientras no se levante dicha reserva no puede dar ninguna información al respecto.
Cobo justificó su decisión en las disposiciones de los artículos 226 de la Constitución, 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 31 del Reglamento de esta ley, 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hacen mención a la clasificación de la información como reservada y secretísima, plazos y autorización para el levantamiento de este carácter. Además, señaló que cada tres meses acude a la Comisión de Seguridad para rendir cuentas de su gestión, de manera reservada. En este marco, dijo que no contestará ninguna pregunta de los parlamentarios, porque se acoge a lo que determina la Constitución y la Ley.
Sobre este particular, el presidente de la Comisión Fernando Cabascango, así como los legisladores Mario Ruiz, Fernanda Astudillo y Jhonny Tapia, recordaron al funcionario las competencias que otorga la Constitución y la Ley a los asambleístas para pedir información e iniciar procesos de fiscalización y control político. Precisaron que la información calificada como confidencial, reservada, secreta y secretísima debe ser proporcionada bajo prevención de guardar la reserva que la ley dispone; sin embargo, Cobo abandonó la sesión.
La mesa legislativa cuestionó el proceder del Director del Centro de Inteligencia Estratégica. Mario Ruiz advirtió que la conducta de Cobo es causal de juicio político, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa acerca de los enjuiciamientos políticos a los secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministerios coordinadores y demás funcionarios, siempre que ejerzan funciones de rectoría de las políticas públicas.
La legisladora Paola Cabezas señaló que si bien es reprochable la posición de Cobo, al tener limitaciones establecidas en la ley, cuando se trata de temas de seguridad del Estado, se debió convocar a sesión reservada. Lamentó que un funcionario que maneja información tan sensible e importante para el país no sea sujeto a juicio político. “Ajustémonos a los norma y veamos que podemos hacer”, dijo.
Fernando Cabascango, titular de la comisión, manifestó que el Ministro del Interior, el Jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas y la Fiscal General del Estado no acudieron a la sesión, pese a que fueron convocados por tercera ocasión. Dispuso a Secretaría que distribuya la información recabada a los comisionados para proceder al análisis respectivo.
JLVN/pv
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