La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió al ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien explicó la situación en la que se encuentra el inmueble situado en la parroquia Santa Rosa, del cantón Jama (Manabí), otorgado a la Asociación de Migrantes Retornados para desarrollar un proyecto de reinserción social y de carácter productivo.
El Ministro estuvo acompañado por funcionarios relacionados con el área jurídica y de la Subsecretaría de Tierras y Territorios Ancestrales, quienes indicaron que, al momento, se espera la sentencia de la apelación efectuada en contra de la acción de protección por la cual se ordena modificar la superficie del predio y limitar el área, por pedido de Gregoria Solórzano Loor.
Sin embargo, con la modificación del área, se mantiene una superficie de 513 hectáreas, en la zona más productiva, en la cual ya están asentados 42 socios de la Asociación Agropecuaria ASUAMUR, quienes desarrollan procesos productivos de ciclo corto. Indicaron que el predio fue debidamente expropiado, con el cumplimiento estricto de la legislación vigente y el Ministerio de Agricultura pagó por esta propiedad el avalúo catastral de 800 mil dólares.
A la vez, anunciaron que en los próximos meses se realizará un censo para conocer exactamente el número de familias migrantes retornadas que se encuentran en la zona y que han sido incorporadas en este proyecto de gran trascendencia nacional.
Igualmente, los funcionarios del Ministerio de Agricultura anticiparon que la apelación será favorable para el Estado, puesto que han presentado las pruebas necesarias, partiendo de la falta de legitimación de la accionante, Gregoria Solórzano Loor, quien no comparece a título personal, sino como accionista de la empresa Solórzano Loor.
La asambleísta Mónica Palacios, representante por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, expresó su preocupación porque mientras subsista la acción de protección a favor de la señora Solórzano se pone en peligro este proyecto que está dirigido a los migrantes retornados, quienes por mandato constitucional tienen derecho a su reinserción social, económica y productiva en nuestro país.
EG/pv
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