La actuación de la Policía Nacional frente a los hechos y presuntas vulneraciones a los derechos humanos y la autonomía universitaria, así como el posible uso desproporcionado de la fuerza, en colegios y universidades durante las últimas movilizaciones sociales, fue tema de análisis en la Comisión de Educación, ante la cual comparecieron el Ministro del Interior, el Director del ECU 911 y representantes estudiantiles.
El director del Sistema Ecu 911, Juan Zapata, informó que durante el paro generaron 7.736 emergencias por manifestaciones, de ellas, el 95% fueron atendidas por los diversos servicios. Explicó que el 78.5% de las emergencias se generaron en siete provincias de la sierra, la mayor parte en Pichincha con 3.443 que representan cerca del 47% y el resto corresponde a Tungurahua, Chimbrazo, Cotopaxi, Imbabura y Azuay.
Respecto a la situación en las universidades, atendieron tres pedidos relacionados con personas afectadas por gas lacrimógeno en las inmediaciones de la PUCE y la Politécnica Salesiana, a la vez que aseveró que por pedido de la Fiscalía todos los videos y audios se encuentran en cadena de custodia.
Víctor Espinosa, delegado de la Pontificia Universidad Católica reseñó los hechos ocurridos el 21 de junio de 2022 a las 11h42. Indicó que de acuerdo con el informe del Director Administrativo de la PUCE cinco manifestantes ingresaron al campus por la valla del sector sur, ante lo cual un grupo de policías ingresó sin autorización al recinto universitario, a quienes se les pidió que se retiren.
En esas circunstancias, continuó, se produjo la ruptura de la puerta de vidrio en la avenida 12 de Octubre y el ingreso de algunos manifestantes como resultado del suceso, así como el lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior del campus. Agregó que con fecha 22 de junio solicitó a la Defensoría del Pueblo que la universidad sea incluida en los bordes de paz, petición que fue acogida un día después.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que la Policía Nacional se guía por la doctrina, para asegurar una actuación con respeto a los derechos humanos y principios de legalidad y estándares internacionales de Naciones Unidas.
En este ámbito, afirmó, se emitieron los lineamientos para mantener el orden público y precautelar la seguridad de los ciudadanos, así como investigar los casos que se denuncien acerca de posibles agresiones, a la vez que expresó que en la protesta de junio no utilizaron elementos letales.
Carrillo indicó que ante la presencia de los “infiltrados”, que rompen el equilibrio, interviene la Policía par evitar que se atente contra los derechos de terceros o que se criminalice la protesta social. En la justicia se han iniciado 179 investigaciones, añadió. El funcionario señaló que la Policía nunca se tomó las instalaciones de la Casa de la Cultura, pues solo estuvo en el espacio exterior.
Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, advirtió que hay una política sistemática del Ministerio del Interior para denigrar el rol transformador de la universidad, pues en el 2019 ya declaró que en la universidad se forman terroristas. Recordó que el 20 de junio el Consejo Universitario de la Politécnica Nacional denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y que intentó tomarse sus instalaciones, a la vez que manifestó que situación similar se vivió en la Universidad Central y la Politécnica Salesiana, sin considerar que los recintos universitarios son inviolables.
Miryam Paredes, representante de los estudiantes de la Flacso ante el Consejo Académico, tras advertir que hubo afectaciones a los derechos humanos por parte del Estado, a través de la Policía que no solo no cumplió el rol de protección, sino que usó la fuerza de manera progresiva y afectó a más de los manifestantes a los habitantes de los sectores aledaños, a estudiantes y maestros. También aseguró que el 20 de junio se atentó contra las zonas de paz.
PV
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