Representantes de sectores indígenas, campesinos, comunidades y afroecuatorianos se dieron cita a la ciudad de Atuntaqui en la provincia de Imbabura para dar sus observaciones al proyecto de Código para la Protección y Garantía de los Derechos de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, quienes destacaron la importancia de construir la normativa en territorio.
En la mesa de diálogo se habló de temas relacionados con la justicia indígena y el establecimiento de mecanismos de cooperación con la justicia ordinaria, el procedimiento a seguir en las comunidades en esta materia; economía comunitaria, manejo de recursos naturales por parte de los sectores comunitarios; autonomía administrativa en materia de educación y salud intercultural. Manuel Catucuago, presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, reiteró la necesidad de respetar y cumplir los 21 derechos colectivos.
Mientras, Aída Marcillo, concejal de Otavalo, pidió proteger el desarrollo de las actividades económicas de los campesinos, entre ellos, la artesanía; así como los derechos lingüísticos. Elías Colimba, presidente de la Comuna Zuleta, sugirió tomar en cuenta la protección de recursos naturales, como el agua para que sea administrada por las comunidades, reconocer los saberes ancestrales y fomento de la medicina ancestral.
Por su parte, Blanca Tadeo, de los pueblos negros del Carchi, propuso redefinir el articulado en cuanto a protección de los pueblos afroecuatorianos, sus derechos colectivos, sus conocimientos y saberes ancestrales con sus propias formas de organización. Miguel Gualichico, presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, pidió incluir la autonomía comunitaria, respecto de la libertad de vivencia según la tradición y celebraciones indígenas, desarrollar la producción económica territorial, a fin de incentivar al emprendimiento en cuanto a artesanías, turismo comunitario, producción, etc.
En cambio, Manuel de la Torre, jurista comunitario del pueblo Natabuela, advirtió que se repiten artículos que ya constan en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Planteó que la propuesta tenga una concepción plurinacional e intercultural.
Diego Muñoz, presidente de la Comunidad Quitugo, de Cotacachi, sostuvo que es importante establecer mecanismos que permitan la ejecución de la normativa en territorio. Sugirió que previo a la realización de actividades mineras o de otra índole se realice la consulta previa.
El presidente de la mesa legislativa, Fernando Cabascango, informó a los comparecientes que los legisladores unificaron varias propuestas normativas y, a partir del ello, se procedió a receptar observaciones, luego de lo cual se sintetizará a fin de sacar un nuevo documento que será socializado con los sectores vinculados, a fin de elaborar el informe para primer debate. La legisladora Paola Cabezas expresó que lo importante de este proceso de construcción de la normativa es la participación de los involucrados para en conjunto elaborar la propuesta legal con visión plurinacional e intercultural.
JLVN/pv
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