Ante la Comisión de Educación comparecieron Wendy Anzules, presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES); y, Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), quienes informaron el estado de la formación técnica y tecnológica superior del país.
Pablo Beltrán señaló que la formación técnica y tecnológica es una de las principales alternativas que tiene el país para resolver la brecha de la educación superior. Afirmó que los jóvenes de la ruralidad tienen en la educación tecnológica una alternativa de titulación de tercer nivel.
Indicó que existen 153 institutos técnicos y tecnológicos privados y apenas 63 institutos públicos,. la mayor parte se encuentra en la provincia de Pichincha. Afirmó que, al momento, solo 28 institutos tienen la condición de superior universitario. Además, 19 universidades a nivel nacional ofrecen formación técnica y tecnológica.
Por su parte, Wendy Anzules, presidenta del CACES, explicó que la institución promueve la educación técnica y tecnológica a través de programas de capacitación sobre los procesos de acreditación respectiva. También ofrecen acompañamiento permanente a las instituciones de educación superior.
Señaló que es necesario impulsar nuevas áreas de conocimiento práctica que permitan a los jóvenes insertarse en el campo laboral y también emprender.
En otro orden, el Titular del CES presentó el plan de trabajo del Consejo de Educación Superior para el periodo 2021-2023. Según explicó, la gestión responderá a siete ejes: coordinación y articulación de trabajo con otros organismos del Sistema de Educación Superior (SES); elaboración y monitoreo del plan de desarrollo del SES; revisión y reforma de la normativa del Consejo; fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica; promoción de la diversificación de la oferta académica; acompañamiento a las instituciones de educación superior; y, optimización en la atención al usuario interno y externo.
Finalmente, respecto del estado de aplicación de la Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el Sistema de Educación Superior, expresó que se estima un 20% de cumplimiento de la norma, a pesar que el plazo vence el 11 de febrero de 2023.
Exhortó a la comisión a reformar esta para ampliar el plazo, incluir a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público en la junta con voz y sin voto; y, aclarar aspectos relacionados con el destino de los recursos.
BG/pv
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