Ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social compareció el ministro de Salud Pública, José Ruales y un delegado la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) para rendir cuentas en torno a las medidas adoptadas frente a los problemas presentados en el cantón Machala debido a los altos índices de arsénico.
En primera instancia intervino el ministro Ruales, quien explicó la existencia de varios metales pesados que son dañinos para la salud, entre ellos el arsénico, que es motivo de preocupación en la salud pública, considerando que pueden causar efectos en células humanas.
Indicó que de acuerdo con el Código Orgánico de Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Sanitario es la encargada de regular la gestión integral de los recursos hídricos, de la calidad del agua y los servicios públicos en las fuentes de agua que se utiliza para ser procesada por los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas de agua potable.
Entre tanto, Saddan Véliz, delegado de Arcsa, tras agradecer la apertura de la comisión para tratar este tema, explicó que a partir de junio de 2021 advirtieron la presencia de arsénico en 2 de las 11 captaciones de la Empresa Pública de Agua Potable - Machala.
Mencionó que el laboratorio de su referencia pese a no necesitar una acreditación por parte de los laboratorios privados cuenta con una certificación sobre calibración de equipos por lo que brinda confianza y total credibilidad a todos los resultados emitidos.
En este tema, el asambleísta Darwin Pereira expresó que se trata de un problema que afecta la salud de los “machaleños”. Recordó que la Constitución le obliga al Estado garantizar la provisión del agua y al Ministerio de Salud le corresponde calificar y revisar que el agua sea apta para el consumo humano.
En otro ámbito, a la comisión acudió Fernando Vera, ministro de Energía y Minas, para responder algunas preguntas relacionadas con el proyecto fotovoltaico denominado “El Aromo”, ubicado en la provincia de Manabí en el área destinada a la construcción de la Refinería del Pacífico.
El funcionario explicó que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece un criterio de excepcionalidad para la delegación a un gestor privado, cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por las empresas públicas o mixtas o cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales que no consten en el Plan Maestro de Electricidad.
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