Con la participación de expertas del Observatorio Ciudadano, del Consejo Consultivo del cantón Tena y organizaciones sociales, la Comisión de Justicia evaluó en Tena, provincia de Napo, el cumplimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En la Gobernación del Napo los comparecientes coincidieron que no se cumple la normativa orientada a garantizar los derechos de las mujeres y exigieron su cumplimiento con la entrega de recursos económicos para este fin.
Lucía Rodríguez, subcoordinadora del Observatorio Ciudadano, recordó que 132 mujeres que trabajan ad-honoren en 14 provincias para hacer seguimiento a la aplicación, implementación y cumplimiento de la ley. Recordó que en la época de pandemia aumentaron los índices de violencia y femicidio. No hay política pública, los gobiernos autónomos descentralizados no establecen ordenanzas para erradicar la violencia contra la mujer, precisó.
Planteó realizar un trabajo conjunto con la Comisión de Justicia para fortalecer y socializar la ley para que las mujeres se empoderen y no esté solo escrita, sino que tenga plena aplicación. Propuso reformar la ley para incluir los casos de mujeres que son victimas de violencia fuera del núcleo familiar.
De su lado, Rosa Mamallacta, presidenta del Consejo Consultivo de Mujeres del Tena, pidió igualdad en la diversidad y no discriminación; incrementar sistemas de protección integral para la garantía de derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. Señaló que la mayoría de mujeres kichwas de comunidades desconoce la ley, pues “todos los días son vulnerados sus derechos”. Sugirió hacer el seguimiento de los casos de abuso a mujeres de comunidades.
Guillermina Cruz, coordinadora de la Red de Mujeres Amazónicas, dijo que recorren las seis provincias amazónicas con recursos propios para construir un proyecto de reformas a la Ley Amazónica en la cual propusieron que el 10% del Fondo Común se asigne a la prevención de la violencia contra las mujeres.
Por su parte, Eduardo Rojas, defensor del Pueblo del Napo, recordó que la institución trabaja en un plan de prevención, pero que para erradicar la violencia contra las mujeres hace falta recursos y personal especializado para atender las denuncias. La violencia es un problema estructural y de falta de educación, agregó. En cambio, Nancy Tapuy, representante de mujeres kichwas, señaló que son maltratadas al igual que sus hijas mujeres. Dijo que las autoridades y el Estado deben velar por su bienestar.
Patricia Rivadeneira, vicealcaldesa del Tena, tras aplaudir la presencia de los legisladores en territorio, expresó que la institución trabaja en un proyecto de “Ciudad para Mujeres”. Lety Jaramillo, coordinadora de las Mujeres por la Vida y la Familia, habló de los femicidios que se dieron en estos últimos días en la región oriental y preguntó qué va a pasar con los niños que quedan en orfandad, más aún cuando, la violencia se encuentra en las mismas familias.
En cambio, Jenny Ramírez, presidenta de Personas con Discapacidad del Tena, denunció que no existen consultorios clínicos con camillas adaptadas para dar atención ginecológica, lo cual es una forma de violencia. Finalmente, Eugenia Macabenta, destacó la importancia de concienciar a mujeres y hombres sobre esta problemática, para defender los derechos de las mujeres y prevenir la violencia.
Posteriormente, los asambleístas Johanna Moreira, Jhajaira Urresta, Sofía Espín, José Chimbo, Mónica Alemán, José Agualsaca, Alejandro Jaramillo, agradecieron la participación de todas las mujeres que se dieron cita para alzar su voz y dar a conocer la problemática que enfrentan frente al incumplimiento de la ley.
Resaltaron su apoyo en la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer e insistieron en la necesidad que el Estado financie su seguridad, socializar los derechos de las mujeres campesinas. También criticaron la ausencia de las instituciones encargadas de cumplir la ley en esta cita en territorio.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, recordó que en la provincia de Napo hay el mayor número de violencia, pues 8 de cada 10 mujeres sufren maltrato y violencia psicológica. La legisladora Johanna Moreira, afirmó que las sugerencias expuestas serán incluidas en el informe que prepara la mesa legislativa.
Luego de la reunión los legisladores recorrieron la Casa de Acogida Wasi Pani.
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