La Delegación Provincial Electoral de Manabí, en la ciudad de Portoviejo fue sitio de encuentro de representantes de organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, autoridades públicas y privadas vinculadas con la protección de derechos, a fin de evaluar, junto a la Comisión de Justicia, el nivel de cumplimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Alejandro Jaramillo, presidente de la comisión, destacó la participación de autoridades locales, dirigentes sociales, de las comunidades, de los barrios de Manabí que diariamente luchan por el desarrollo del país, a la vez que ratificó el compromiso de construir leyes para defender los derechos humanos y fortalecer el sistema de justicia para atender a la ciudadanía de manera eficiente y oportuna.
Los parlamentarios tras destacar el trabajo de la mesa legislativa en la defensa de mujeres, niñas y adolescentes, advirtieron que estas reuniones han permitido conocer los problemas y dificultades que tiene la ciudadanía para que se cumpla la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y permitirán emprender en procesos de control político y reformas legales, para lograr un país sin ningún tipo de violencia y garantizar un futuro con dignidad para nuestros niños.
Katia Macías, jueza de Portoviejo, al advertir que no es fácil erradicar la violencia contra la mujer, manifestó que la ley es amplia y no se aplica al 100% por diversos problemas, especialmente el presupuestario, pues las juntas cantonales de protección y las tenencias políticas no cuentan con recursos económicos para darle viabilidad a la norma legal. También aseguró que no tienen las herramientas legales para determinar el nivel de riesgo de las víctimas de violencia, a la vez que detalló las dificultades que enfrentan los jueces.
De su lado, Miryam Loor, de la Fundación Nuevos Horizontes, aseveró que faltan muchas cosas para concretar la ley. Puso como ejemplo, que el Ministerio de Salud implemente salas de primera acogida, con médicos y especialistas, para atender a las víctimas de violencia, especialmente sexual e intento de femicidio. La justicia tarda mucho y todo retraso constituye violencia, enfatizó, al insistir que no hay recursos para trabajar en prevención y restitución de derechos.
Mirta Macías, del Consejo de Participación Ciudadana, expresó que es importante que los ciudadanos se involucren en la lucha para erradicar la violencia, al tiempo que informó que instalaron el Observatorio de cumplimiento de la ley en 17 provincias, con 158 activistas. Aída Bermello, vocal de la Junta Parroquial de Crucita, resaltó la apertura de la comisión para escuchar a la ciudadanía. Hizo un llamado a trabajar en esquemas de justicia y equidad para defender los derechos de las mujeres, prevenir la violencia y asegurar la reparación de las víctimas.
Jennifer Barrezueta, de la Organización Mujeres Liderezas de Manabí, dijo que si bien la ley se aprobó como resultado del esfuerzo colectivo del movimiento de mujeres del Ecuador, persiste la vulneración de los derechos.
Yael Seni, delegada del Prefecto de Manabí, informó que han dictado nomas para contribuir al respeto de los derechos en condiciones de igualdad, e inclusión y construir una cultura de paz. Indicó que han instalado 14 casas de acogida en Manabí, mismas que articulan el trabajo con las juntas cantonales de protección de derechos, con psicólogos, psiquiatras y médicos, quienes han atendido a 414 mujeres víctimas de violencia en toda la provincia. También dan asistencia en esta materia a los gobiernos cantonales.
July Zambrano, secretaria Ejecutiva del Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Portoviejo, reseñó que desde el año 2018 vienen trabajando para prevenir y erradicar este tipo de violencia. Recordó que en este ámbito se emitió la primera ordenanza de la prevención de violencia de género en espacios públicos y privados, así como la primera unidad de género que impulsa acciones en beneficio de las mujeres y que en 16 parroquias se conformaron las defensorías comunitarias.
Fortalecer la red nacional de los centros de acogida a víctimas de violencia, evitar la impunidad de los responsables de la violencia, exigir que las autoridades competentes actúen con oportunidad, fueron otras de las propuestas que se expusieron en esta sesión de trabajo.
Esta fue la cuarta sesión en territorio para evaluar el cumplimiento de la ley. Anteriormente reunió a varios actores sociales y autoridades de Sucumbíos, Napo y Guayas.
PV
