La Comisión de Garantías Constitucionales, en el marco del proceso de fiscalización y control político invitó a expertos en derechos humanos, catedráticos y antropólogos, para que se pronuncien sobre los hechos relacionados con el paro nacional de junio pasado. Los comparecientes resaltaron que la protesta es un derecho y un fenómeno social que ocurre cuando entran en conflicto intereses que impiden acceder a la justicia social y económica.
Diana Murcia, experta en derechos humanos, mencionó que los estados deben facilitar el ejercicio de los derechos ligados a las manifestaciones y protestas. Señaló que las protestas deben ser pacíficas y sin armas y los estados evitar actos de violencia y garantizar la seguridad de las personas.
Igualmente, expuso los deberes del Estado ecuatoriano consagrados en la Constitución, normas nacionales e instrumentos internacionales. Luego, los legisladores Victoria Desintonio y Mario Ruiz comentaron que los niveles de pobreza en el país ocasionaron la protesta social, pero que no se entiende por qué la fuerza pública salió contra los manifestantes.
David Cordero, catedrático universitario, destacó la investigación que realiza la Asamblea Nacional en torno a la protesta, como un un ejercicio de libertad de expresión, a la vez que advirtió que no hubo un adecuado manejo del conflicto ni se dio paso al diálogo a tiempo.
De su lado, el antropólogo Humberto Freire, del colectivo Geografía Crítica, expuso el registro y mapeo del trabajo realizado en coalición con universidades y organizaciones de derechos humanos. Precisó que el levantamiento indígena se desarrolló por efecto de la emisión de decretos ejecutivos que perjudicaban a la mayoría de ciudadanos, y la declaratoria de los estados de excepción, lo cual -a su criterio- vulnera los derechos humanos.
JLVN/pv
Más fotos:
