En el marco del proceso de fiscalización y control político sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional, registrado del 13 al 30 de junio de 2022, la Comisión de Garantías Constitucionales escuchó a ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes relataron sus vivencias durante las jornadas de protesta.
Viviana Idrovo, representante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, destacó que, a diferencia de los datos obtenidos en las movilizaciones de octubre 2019, respecto de las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Defensoría del Pueblo y una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas levantaron información, el informe sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas durante este paro de junio contará únicamente con la información reportada por la sociedad civil.
Subrayó algunas de las recomendaciones hechas por la CIDH, posterior al paro de 2019, relacionadas con la implementación de acciones de reparación integral para las víctimas y sus familias, respeto al ejercicio profesional de los periodistas; y, un diálogo abierto y con una visión intercultural entre manifestantes y el Gobierno, no han sido acogidas por el Estado ecuatoriano.
Rechazó la criminalización de la protesta social y calificó de cuestionable la actuación del Gobierno al vincular a los manifestantes con el narcotráfico y el crimen organizado.
De su lado, Vladimir Cruz, primo de Henry Quezada (+), una de las víctimas mortales del paro, relató los momentos previos al deceso de Henry y su participación en las protestas. Aseguró que su familiar acudió a entregar donativos y estuvo adelante en las jornadas de protestas cuando fue abatido. La autopsia reveló que recibió al rededor de 100 perdigones. Cuestionó la intención de vincular a Henry Quezada con organizaciones criminales.
Fernando Cerón, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, expuso lo sucedido durante el allanamiento a los predios de la entidad, debido a una denuncia por supuesto ingreso de material bélico. Repudió que la Policía haya ingresado a las instalaciones de la institución de manera arbitraria, al resaltar que durante el allanamiento y la requisición los policías no encontraron ningún tipo de material bélico.
Entre tanto, Nilca Pérez, delegada de la Universidad Central del Ecuador, institución considerada zona de paz durante las manifestaciones, destacó que entre el 13 y el 30 de junio de 2022, la universidad pasó de recibir 3.260 personas en los primeros días, a acoger a 16.144 personas en los últimos días del paro nacional. Se activaron 36 ollas comunitarias, centros para atención médica, centro de acopio; y, protocolos para atender a niños, niñas y adolescentes.
Ante las declaraciones sobre un financiamiento externo relacionado con el narcotráfico, enfatizó que no han recibido aportes económicos, sino que la atención ofrecida responde a la solidaridad de la ciudadanía, grupos de mujeres, estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad.
“Se cocinaba arroz con fréjol y arroz con lenteja, priorizando la proteína para los niños. La gente dormía en cartones y les dieron una cobija a cada persona, que fueron donadas por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia (Unicef). El Municipio de Quito apoyó con letrinas; Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donaron medicinas para contener la Covid- 19 y la Escabiosis”, relató.
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