La Comisión de Fiscalización y Control Político, por unanimidad de sus integrantes (9), aprobó el cronograma de comparecencias en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Conejo de la Judicatura (CJ). Dicha planificación contempla más de 100 testimonios solicitados, tanto por los interpelantes, por los fucionarios enjuiciados y como pruebas de oficio.
A partir de este jueves, 4 de agosto, la mesa receptará las versiones de más de una decena de exjueces y exconjueces de la Corte Nacional de Justicia; el Presidente de la Corte Nacional; el doctor Rafael Oyarte, procurador judicial del Presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces en la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones del CJ.
También, acudirán la Fiscal General del Estado; el Fiscal Subrogante; varios fiscales, así como los exmiembros del Comité de Evaluadores del proceso de evaluación integral de los jueces y
conjueces de la Corte Nacional de Justicia; directores del CJ; un magistrado de la Corte Constitucional, entre otros testimonios solicitados por las partes procesales.
Por último, la agenda concluye el 13 de agosto con la intetvención de Viviana Veloz, en su calidad de interpelante, para sustentar sus pruebas de cargo; y después, la expresidenta y los vocales del Consejo de la Judicatura actuarán sus pruebas de descargo.
Discriminación racial
Así mismo, el organismo parlamentario, dentro del cumplimiento del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, escuchó a John Antón, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), a David Quiñónez, vocero nacional del Tercer Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano; y, Juan Soriano, dirigente Montuvio, quienes formularon planteamientos fundamentales para la construcción de la sociedad purinacional.
Subrayaron que el Estado plurinacional se construye a partir de la eliminación del racismo, debe tener una ciudadanía en igualdad de condiciones. Se trata, dijeron, de una deuda histórica que el Estado mantiene desde antes de la vida republicana. En este marco, se requiere aplicar una normativa jurídica que garantice el pleno ejercicio del principio de interculturalidad, añadieron.
Caso Leandro Norero
Igualmente, la Comisión recibió a la doctora María Moreira Loor, notaria primera del cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí, quien explicó los actos celebrados y protocolizados en su despacho con la participaciñon de Norero Leandro, Romero Lina, Bajema Glen Leroy, Bajema Marcia y Mistele Daniel. Moreira subrayó que cumplió con todos los protocolos y las formalidades que exige la ley para la celebración de actos y contratos.
Aseguró que pudo dar fe de la comparecencia de las personas citadas anteriormente en su Notaría y que no es competencia de ningún fedatario revisar los antecedentes ni la condición judicial de ningún ciudadano que acude con el propósito de requerir un servicio notarial.
EG
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