La Comisión de Fiscalziación y Control Político este viernes, 5 de enero, continuó con la recepción de testimonios, en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplimiento de funciones, auspiciada por la legisladora Viviana Veloz.
En la segunda jornada, comparecieron los exjueces de la Corte Nacional de Justicia Beatriz Sánchez y Diego Velasteguí Enríquez, así como Wilson Toainga, fiscal General subrogante y el fiscal Carlos Eduardo Pérez.
Beatriz Sánchez detalló el proceso seguido para la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el cual no contó con los requisitos constitucionales ni legales pertinentes. Es más, dijo, en la mal llamada evaluación se aplicaron parámetros subjetivos para valorar la actuación de los jueces, inclusive con un control de los fallos que se emitieron en un período determinado.
A criterio de la exservidora judicial, el proceso fue eminentemente político y tuvo como objetivo separar a quienes eran incómodos para los vocales del Consejo de la Judicatura de la época.
De su lado, Diego Velasteguí consideró que lo actuado por el CJ fue absolutamente inconstitucional e ilegal, atropelló varios derechos de los jueces, entre ellos el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, el derecho a a estabilidad y el principio de inamovilidad, porque se trata de funcionarios nombrados para un período fijo.
Velasteguí destacó que durante su carrera judicial jamás recibió ni si quiera una amonestación, pues su trabajo estuvo apegado a derecho, como corresponde. Pero, lamentablemente, fueron sometidos a una evaluación encabezada por personas que jamás han ejercido como jueces y que en su apreciación cofundieron el rol del juez con el de un abogado litigante.
Mientras, Wilson Toainga, fiscal subrogante, explicó su trayectoria hasta ser desognado en el cargo que ostenta actualmente, como parte de la carrera fiscal. Aclaró que el nombramiento de fiscales provinciales y agentes fiscales no es atribución de esta institución, sino del Consejo de la Judicatura.
En tal virtud, la Fiscalía ha solicitado se realicen los concursos para fiscales a nivel nacional, con el fin de atender las demandas de la ciudadanía, pero no está en sus manos la decisión de cuándo y cómo hacerlo.
Igualmente, el fiscal Carlos Eduardo Pérez consideró que sí hubo incumplimiento de funciones de la expresidenta y los vocales del Consejo de la Judicatura ya que, en su caso, no atendieron con diligencia varios reqierimientos para viabilizar su nombramiento como fiscal, pedidos que provinen desde 2019. Lo curioso es que, dijo, no se dio paso a su nombramiento, tuvo que pedir se el nombre para la fiscalía de la provincia de Galápagos y se nombra para Gauayas a Iván Valdiviezo, quien no pertenecía a esa jurisdicción, caundo el único elegible era el abogado Carlos Pérez.
Para este sábado, 6 de agosto, a las 14h00, está prevista la comparecencia deJavier Cordero, Lauro De La Cadena, Jaime enríquez, Rafael Fernández, Diego Gordillo, Mónica Heredia y José Layedra, exconjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.
EG
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