La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continuó este miércoles el proceso de evaluación y cumplimiento de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esta vez escuchó los testimonios de representantes de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, así como la información de autoridades de las provincias de Azuay y Cañar.
Alejandro Jaramillo, presidente de la comisión, al instalar la sesión, destacó la necesidad que toda la sociedad y sus instituciones, entre ellas, los gobiernos autónomos descentralizados, se involucren en la lucha para prevenir la violencia contra las mujeres.
Blanca Pacheco, de la Fundación María Amor, expresó su preocupación porque cada 30 horas una mujer muere por razones de género en el país y 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia de género. Reiteró que no se cumple la ley en los cuatro aspectos fundamentales, esto es prevención atención, protección y restitución de las victimas, pues como Estado, como sistema nacional de erradicación de violencia y como ciudadanía llegan demasiado tarde para asistir a las víctimas.
Karina Alvarado, directora del Consejo de la Judicatura de Azuay, resaltó que uno de los ejes de acción se refiere al fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual y que para ello implementó siete jueces especializados y nueve equipos de trabajo con servidores técnicos, médicos y psicólogos, así como siete unidades judiciales en los diversos cantones de la provincia, de modo que existe el equipo técnico adecuado para la prestación del servicio.
Indicó que también instrumentaron mecanismos para facilitar las medidas de protección para las víctimas de violencia y con ello acercar la administración de justicia a la ciudadanía y otras instituciones
Hilda Chaca, del movimiento Mujeres por el Cambio, señaló que según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, se han presentado en la Fiscalía 103 denuncias por violencia sexual, de ellas el 94% son mujeres en edades tempranas, a la vez que aseveró que un pilar fundamental para prevenir la violencia es la educación, pero que lamentablemente no se da prioridad a la construcción de una sociedad más pacífica desde la educación.
La violencia hacia la mujer es una violencia a la sociedad en general, subrayó, al advertir que hay un grupo poblacional que no es considerado en la ley como la población LGBTI. Exigimos acciones ante la inseguridad que viven las mujeres, respeto a los derechos con enfoque de género y para ello se necesita el presupuesto, para asegurar el cumplimiento de la ley, subrayó.
Christian Torres, de la Defensoría Pública del Azuay, al afirmar que la violencia de género es uno de los principales problemas que afectan a la provincia de Azuay, expresó que a partir de la vigencia de la ley, la institución ha tomado acciones para combatir la violencia de genero. Informó que el pasado mes de abril la Defensoría incorporó profesionales en Psicología para dar acompañamiento a las víctimas de violencia sexual y de género para brindar atención integral y especializada y asegurar el acceso a la justicia.
PV
